El miércoles 10 de junio coincidieron dos eventos que generan más preguntas que respuestas. Mientras Gustavo Petro aterrizaba en Nueva York para presidir una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Bogotá una congresista del Pacto Histórico, el propio partido del presidente, firmaba en solitario un auto suspendiéndolo del cargo hasta el 21 de junio, fecha exacta de la segunda vuelta presidencial.

Lo notable no es solo que ocurriera, sino quién lo hizo. No fue la oposición, ni la Corte, ni el Senado —que según la Constitución es el único órgano facultado para suspender a un presidente, como establece el artículo 194. Fue la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, del partido de gobierno. Y ese acto, declarado "jurídicamente inexistente" en cuestión de horas por juristas de todas las orillas e incluso por el ministro del Interior Armando Benedetti, no tiene efecto legal alguno. Sin embargo, tiene un efecto político que no puede ignorarse: regalarle al presidente, en el escenario más visible del planeta y a once días de las elecciones, la imagen de perseguido.

El timing es lo que llama la atención. Las encuestas muestran que Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta del 31 de mayo con el 43,7 por ciento de los votos, más de 10,3 millones de colombianos. Para la segunda vuelta, AtlasIntel —la misma que acertó en la primera vuelta— le da al candidato opositor una ventaja de casi ocho puntos sobre Iván Cepeda, el candidato del oficialismo. No es un empate técnico: es una tendencia clara que incómoda al gobierno.

La "suspensión" llega justo después de que De la Espriella denunciara ante instancias en Estados Unidos lo que considera maniobras irregulares contra su campaña. Y permite que Petro, en la tribuna de la ONU, se presente ante el mundo como víctima de las élites, un papel que el columnista original sugiere que domina bien. El perseguidor transformado en perseguido. El que, según sus críticos, ha intervenido en política abierta durante meses, ahora convertido en mártir de la democracia.

Todo esto ocurre mientras existe preocupación en sectores de la oposición y líderes regionales sobre lo que puede pasar el 21 de junio en municipios donde el Estado no tiene control total, territorios bajo influencia de grupos armados como disidencias de las FARC y el ELN, donde la posibilidad de que los votantes ejerzan su derecho con libertad es cuestionable.

Lo que queda claro es que Colombia tiene sobre la mesa cifras electorales que generan inquietud en el gobierno. Y de allí en adelante, dice la columna original, cada movimiento parece responder a un guion preparado. La democracia colombiana ha superado guerrillas, carteles y crisis mayores. Pero necesita que los votos, los que ya se emitieron y los que están por venir, sean respetados sin teatro ni victimismos calculados.