El lunes por la mañana, cuando el Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipitó a tierra minutos después de despegar desde Puerto Leguízamo en Putumayo, volvió a encenderse una pregunta incómoda que ha perseguido a las Fuerzas Armadas durante una década: ¿cuántas más vidas habrán de perderse en el aire?

El siniestro dejó un saldo de 68 uniformados fallecidos de los 128 que viajaban en la aeronave. Además de los muertos, 57 militares fueron rescatados, uno salió ileso y cuatro permanecen desaparecidos. Entre las víctimas hay 58 integrantes del Ejército, 6 de la Fuerza Aeroespacial, 2 de la Policía Nacional y 2 sin identificar aún. Los heridos fueron dispersados en centros médicos de Florencia, Neiva y Bogotá para recibir atención. Aunque aún se investigan las causas, las autoridades han descartado indicios de atentado.

Pero este accidente no es un caso aislado. En 2015, Colombia enfrentó una seguidilla de tragedias que parecía interminable. El primero ocurrió el 1 de agosto cuando once militares murieron en el siniestro de un avión en zona rural de Agustín Codazzi, Cesar. Entre las víctimas estaban el mayor Alberto Ramírez Lombana y la subteniente Luisa Fernanda Salazar Villoga, quienes comandaban la aeronave. Las labores de rescate fueron agonizantes: los cuerpos quedaron atrapados en el fuselaje y su recuperación tomó más de 20 horas. Solo tres días después, el 4 de agosto, un helicóptero Blackhawk de la Policía Nacional se estrelló en las selvas de Urabá, Antioquia, dejando 16 policías muertos. El entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló que la aeronave habría impactado contra una ladera a alta velocidad, posiblemente por nubosidad baja.

Un año más tarde llegó lo que hasta entonces fue considerado el peor accidente aéreo en la historia del Ejército colombiano. El 27 de junio de 2016, un helicóptero MI-17 cayó en una zona montañosa de Caldas, dejando 17 militares muertos. El presidente Juan Manuel Santos lamentó profundamente lo ocurrido mientras las autoridades nuevamente apuntaban al mal tiempo como una de las posibles causas.

En octubre de 2018, otro Black Hawk del Ejército se accidentó en Argelia, Cauca. Cuatro militares perdieron la vida, entre ellos el mayor Pedro Ignacio Granados Salcedo y el capitán Edson David Quintero Sánchez. Una vez más, las condiciones climáticas fueron señaladas como el factor determinante.

Pero las amenazas evolucionaron. El 21 de agosto de 2024, un helicóptero del Ejército fue derribado en Amalfi, Antioquia, en un ataque atribuido al uso de un dron con explosivos. Aquello dejó 13 uniformados muertos e inauguró una nueva realidad: grupos armados ilegales adaptaban tecnología con fines ofensivos. En septiembre de ese mismo año, un helicóptero Huey II se desplomó en Cumaribo, Vichada, durante una evacuación médica, cobrándose ocho vidas. Apenas meses después, en abril de 2025, un helicóptero Bell 412 de la Armada Nacional cayó en una laguna en Malagana, Bolívar, matando al suboficial Yordi Steven Carvajal Rodríguez.

Desde Cesar y Urabá hace diez años, pasando por Caldas, Cauca y Antioquia, hasta llegar a Putumayo ahora, las Fuerzas Militares colombianas han pagado un precio devastador. Las causas han sido variadas: mal tiempo, fallas por investigar, ataques con tecnología no convencional. Pero todos comparten algo en común: ocurren en regiones complejas donde los riesgos son mayores y donde la necesidad de operar aéreo es imperiosa. Mientras avanzan las investigaciones del Hércules, el país enfrenta una realidad que no desaparece: los protocolos, la tecnología y la seguridad en el aire necesitan reforzarse urgentemente.