En la madrugada del viernes, el gobierno chileno ejecutó su segundo operativo masivo de expulsiones, sacando del país a 40 extranjeros que enfrentaban órdenes de deportación. Entre ellos viajaban ciudadanos de Colombia, República Dominicana y Haití en un avión de la Fuerza Aérea de Chile.

Lo que hizo relevante este vuelo fue la captura de Ana Milena Álvarez Aguirre, una mujer que las autoridades colombianas tenían entre sus criminales más buscados. Álvarez contaba con antecedentes graves: nexos con el crimen organizado y un historial por homicidio. Lo llamativo es que llevaba tiempo viviendo en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, pero se había modificado la apariencia física para no ser identificada. Además, había entrado al país de forma irregular, cruzando por un paso no habilitado.

Junto a Álvarez viajaba Emmanuel Bony, un ciudadano que se hizo conocido por causar destrozos en el Aeropuerto de Santiago en dos ocasiones diferentes: en agosto de 2024 y nuevamente en febrero de 2025. Los daños que dejó sumaban 60 millones de pesos chilenos. Bony estaba en prisión preventiva cuando las autoridades migratorias decidieron cancelarle su residencia definitiva y ejecutar la expulsión.

Del total de expulsados, 19 tenían órdenes judiciales por delitos graves como secuestro y robo con intimidación. Los 21 restantes fueron expulsados por motivos administrativos. El subsecretario del Interior chileno, Máximo Pavez, dejó clara la posición del gobierno: "La cancelación de la residencia permite priorizar la seguridad del país".