Una carta llegó a las manos del expresidente Álvaro Uribe Vélez escrita en papel amarillento con letras mayúsculas. Su contenido genera revuelo: es una confesión anónima que señala responsabilidades en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el senador asesinado hace casi un año. El caso sigue sin respuestas claras sobre quién realmente quiso acabar con su vida y cómo se planeó este crimen que sacudió nuevamente la política colombiana.

En el escrito, el denunciante anónimo afirma que el gobernador de Nariño habría acordado financiar el asesinato del senador. Según la carta, esta persona también habría financiado compañías en zonas de frontera y coordinado con grupos al margen de la ley. El remitente dice temer por su vida y la del exalcalde, razón por la que prefiere el anonimato. El documento también menciona presuntos acuerdos criminales entre miembros del Estado colombiano y estructuras ilegales en Ecuador, particularmente en la ciudad de Manta y zonas fronterizas.

Sectores políticos interpretan que el escrito hace referencia a Luis Alfonso Escobar Jaramillo, actual gobernador de Nariño. Sin embargo, Escobar rechazó de plano las acusaciones. "Esto es un bulo de mierda", declaró en respuesta. El funcionario argumentó que después de años como profesor universitario le parece absurdo ser señalado como parte de un plan criminal, negando además haber visitado Manta o Ecuador. Según reportó Blu Radio, el gobernador atribuyó la denuncia a un supuesto complot entre el presidente Gustavo Petro, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el expresidente Uribe Vélez.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal llevó rápidamente el tema a debate público. En su cuenta de X escribió: "¡Urgente! Gravísima denuncia hace Darcy Quinn sobre esta carta anónima que señala, supuestamente, a un gobernador con el magnicidio de Miguel Uribe. La Fiscalía debe investigar a fondo". Sin embargo, hasta ahora no hay pronunciamiento oficial de las autoridades judiciales sobre el contenido de la carta.

Por el asesinato del senador, nueve personas han sido judicializadas y permanecen privadas de la libertad acusadas de homicidio, concierto para delinquir, uso de menores de edad para delitos y porte ilegal de armas, entre otros cargos. Tres de ellas ya fueron condenadas mediante preacuerdos: alias El Viejo, considerado enlace entre quienes determinaron el crimen y quienes lo ejecutaron, recibió más de 22 años de prisión; Carlos Mora González fue condenado a 21 años por vigilancia y apoyo logístico; y Katherine Andrea Martínez, quien participó en la planeación y recogió el arma del atentado, también recibió más de 21 años. Un adolescente de 15 años que disparó contra el senador fue sancionado en el sistema penal para menores de edad.