Las fábricas electrónicas de Malasia, consideradas motor económico de ese país surasiático, esconden tras sus muros una realidad oscura: casi un tercio de su fuerza laboral trabaja en condiciones equiparables a la esclavitud moderna. Así lo revela un estudio realizado por Verite, organización internacional defensora de derechos laborales, financiado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Los números son contundentes. De los aproximadamente 350.000 empleados que laboran en el sector electrónico malayo, al menos el 28% se encuentra atrapado en lo que se conoce como servidumbre forzada. Se trata de un mecanismo donde los trabajadores, generalmente inmigrantes provenientes de países vecinos más pobres, pierden su libertad de movimiento y se ven obligados a continuar trabajando en condiciones precarias para pagar deudas que nunca logran saldar.

Los abusos identificados afectan tanto a hombres como a mujeres de manera generalizada. El sector electrónico malayo, que representa 75 mil millones de dólares en valor económico, es fundamental para las exportaciones del país. Sin embargo, esa riqueza se construye sobre la explotación laboral. Empresas multinacionales de Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur mantienen operaciones allí, incluyendo Samsung, Sony, Intel y Bosch.

La respuesta de Estados Unidos ha sido firme: el gobierno ha implementado una prohibición para importar cualquier artículo fabricado con trabajo forzado. Una medida que busca presionar tanto a fabricantes como a gobiernos para que terminen con estas prácticas que, aunque suenen de otro siglo, siguen siendo realidad en el corazón de la industria tecnológica global.