Un enfrentamiento a disparos ocurrido el 13 de abril en Bogotá sacudió a la ciudad, pero dejó algo más preocupante que la balacera misma: quien robó una patrullera ese día llevaba un brazalete electrónico en la muñeca, y lo tenía cubierto con aluminio para burlar el control. El incidente, que parecía aislado, resultó siendo la punta del iceberg de una falla que viene carcomiendo el sistema de justicia colombiano.

Los números hablan solos. Según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en 2025 hubo 106 casos de personas que violaron las restricciones del brazalete electrónico. Eso significa una infracción cada cinco días durante todo el año. Lo más inquietante es que estas personas, supuestamente confinadas a sus casas, terminaron involucradas en nuevos delitos. El registro muestra 232 casos de detenidos con brazalete que fueron vinculados a otros procesos judiciales en 2025.

El caso específico de Keymet Andrey Piravagüen Murillo, el hombre del robo del CAN, ilustra el problema. Según las autoridades, acumuló ocho alertas por violar el perímetro de permanencia entre febrero y abril: cuatro en febrero, tres en marzo y una en abril. El Inpec denunció formalmente estas infracciones ante un juez, pero nadie le quitó el beneficio. Mientras tanto, él estaba cumpliendo una condena de seis años de prisión domiciliaria precisamente por hurto, el mismo delito que estaba cometiendo cuando lo capturaron.

El alcalde Carlos Fernando Galán no se anduvo con rodeos. "El Ministerio nos tiene que decir si debemos seguir permitiendo que haya detenciones domiciliarias de personas de alta peligrosidad cuando no tienen capacidad, evidentemente, para controlarlos y para vigilar que no cometan los crímenes", cuestionó. Luego añadió casos adicionales: "La semana pasada tuvimos el caso de un furgón donde trataron de robarlo y uno de los delincuentes también tenía brazalete y tenía papel aluminio para cubrir el brazalete. Y recuerden que en el caso de Diana Ospina, el conductor del taxi que la secuestró estaba en detención domiciliaria. Eso es completamente absurdo". Para Galán, estas historias demuestran algo profundo: "Así es muy jodido enfrentar la delincuencia en Bogotá cuando hay delincuentes, condenados, detenidos que pasan por el sistema judicial y luego los dejan libres en medio de su condena".

Desde el Ministerio de Justicia niegan que esto sea un problema estructural. Jorge Iván Cuervo, el ministro, aclaró en una carta a la opinión pública que las decisiones sobre revocar la medida de casa por cárcel no le competen al Inpec ni a su ministerio, sino a los jueces de ejecución de penas. También explicó que el brazalete tiene una naturaleza persuasiva y no coercitiva, es decir, no inmoviliza al condenado de manera física. Y mencionó que estos dispositivos son susceptibles de manipulación o daño, lo que explica las interrupciones en su funcionamiento.

Los números revelan otra cara del asunto: solo en el 1,15% de los casos se revoca el beneficio de casa por cárcel, y mensualmente se dañan o alteran 41 dispositivos. Mientras tanto, el Inpec reporta más de 5.100 brazaletes en funcionamiento actualmente, cifra que creció exponencialmente desde 2023, cuando había 3.942 personas bajo esta medida. En lo que va de 2026, el instituto ha emitido 28.144 reportes por incidentes, comparado con 95.722 en todo 2025. La pregunta que flota en el aire es simple pero incómoda: ¿tiene el sistema recursos suficientes para vigilar de verdad a todos los que debería vigilar?