La cifra golpea como un puñetazo: durante los últimos cuatro años, casi un millón y medio de colombianos fueron reconocidos como víctimas del conflicto armado. La Unidad para las Víctimas reveló a El Tiempo que registraron un total de 1.492.003 víctimas en este tiempo, de las cuales 1.074.190 fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por hechos ocurridos específicamente entre el 7 de agosto de 2022 y el 1 de junio de 2026. Lo más preocupante es que el 72 por ciento de esas víctimas denunció hechos violentos que sucedieron entre 2022 y 2024, mientras que más de 400.000 corresponden a crímenes de años anteriores que las personas tardaron meses o incluso años en reportar por miedo o dificultades para acceder a las autoridades.

Estas cifras llegan en medio de controversias sobre las decisiones tomadas por el gobierno Petro, particularmente el llamado "pacto de los congelados" entre el ex comisionado de Paz Danilo Rueda y el Clan del Golfo. Según lo reportado, ese acuerdo incluyó promesas como despedir a los oficiales de Inteligencia que investigaban a la organización criminal, suspender los bombardeos contra sus miembros y frenar los pedidos de extradición de sus líderes.

El desplazamiento forzado es el flagelo que más aqueja a los colombianos en este período. La Unidad para las Víctimas registró 1.259.885 casos de personas obligadas a abandonar sus hogares. Le siguen las amenazas, con 308.085 denuncias, y el confinamiento, con 171.066 casos. Más allá de estos, se reportaron 65.942 homicidios, 15.331 desapariciones forzadas, 5.425 secuestros y 1.318 casos de tortura.

El sufrimiento se concentra en zonas específicas del país. Nariño lidera con 178.160 víctimas reportadas, seguido por Norte de Santander con 177.674 y Antioquia con 154.952. A nivel municipal, Buenaventura en Valle encabeza la lista con 92.878 víctimas, mientras que Tibú en Norte de Santander registra 68.489 casos y Tumaco en Nariño 42.020.

Otros observadores independientes han corroborado el deterioro. La Universidad de los Andes reportó en un estudio que la extorsión aumentó 337 por ciento, las amenazas contra civiles crecieron 70 por ciento y el reclutamiento forzado de menores se incrementó 168 por ciento durante este gobierno. Amnistía Internacional también cuestionó severamente el desempeño del gobierno en derechos humanos, señalando que grupos armados en negociaciones con el Estado continuaron delinquiendo en departamentos como Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Chocó, Bolívar y La Guajira.