El próximo Gobierno ha dejado clara su posición frente a los grupos armados que operan en Colombia: tienen un mes para prepararse y someterse a la ley, o enfrentarán "todo el peso de la ley". Así lo explicó Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior designado, durante una entrevista con La FM, donde detalló la estrategia de seguridad que implementará la administración De La Espriella.

Lara fue categórico al señalar que el nuevo Gobierno no reconocerá a estas organizaciones como actores políticos o beligerantes bajo los Convenios de Ginebra. "Netos y meros narcotraficantes", fue la forma en que calificó a grupos como la Segunda Marquetalia, la estructura de alias Mordisco y el Clan del Golfo. Esta posición marca un cambio significativo respecto al proceso de "paz total" del Gobierno actual, al que Lara describió como "un falso proceso de paz" que ha servido para "maniatar la acción de la fuerza pública".

Con respecto a la carta que el Clan del Golfo envió al presidente electo planteando condiciones y pidiendo participación de Estados Unidos y Reino Unido, Lara fue contundente: no habrá negociación. El Gobierno tratará a quien no se someta como delincuente común, aplicando el rigor de la justicia ordinaria sin espacios para acuerdos políticos.

Un elemento que fortalecerá esta estrategia es la cooperación internacional. Lara destacó que organizaciones como el Clan del Golfo ya figuran en listas de grupos terroristas designadas por Estados Unidos, lo que facilitará el intercambio de inteligencia y las operaciones conjuntas de la Fuerza Pública. Esta apertura internacional será clave para perseguir a quienes decidan no acogerse al plazo de sometimiento que el nuevo Gobierno les está ofreciendo.

Más allá de la seguridad, Lara también denunció lo que llama una "carrera a la contratación" en el actual Gobierno. Señaló contrataciones por altas sumas en la Aerocivil, la Fiduprevisora y el Ministerio de Defensa, a pocas semanas del cambio de mandato. Pidió que se paralice inmediatamente estos procesos y anunció que solicitará la intervención de organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría para revisar la legalidad de estas operaciones.