Pasó más de un mes desde que el presidente Gustavo Petro prometió sacar de la cárcel de Itagüí a todos los involucrados en el escándalo de la parranda vallenata, pero hasta ahora solo se ha ejecutado el traslado de un personaje de segundo orden. Se trata de Paulo Andrés Gómez Torres, conocido como "Pocho", quien es uno de los cabecillas de la banda "la Agonía" en Medellín y funciona como vocero suplente en la mesa de paz urbana. El interno fue llevado a la cárcel de Girón en Santander el pasado fin de semana, luego de que el Inpec autorizara su remisión el 8 de mayo.

El escándalo estalló el 8 de abril cuando en Itagüí, que funciona como sede de los diálogos entre el Gobierno y jefes del crimen organizado del área metropolitana, se montó una fiesta no autorizada con el cantante vallenato Nelson Velásquez. El evento incluyó tarima, licor clandestino y presencia de mujeres dentro del penal. Cuando la noticia trascendió y generó polémica, Petro no dudó en meterse: "Los señores que hicieron la fiestica, salen de la cárcel, entran es a otra, trasladados. Salen de Itagüí, se acabó el tema", señaló durante un consejo de ministros el 13 de abril.

Pero los críticos sostienen que lo ocurrido es apenas una fachada. El concejal Andrés Tobón expresó su inconformidad diciendo que "es un contentillo que dan el Gobierno Petro y el Ministro de Justicia. Al final están trasladando a un cabecilla que no es de primer nivel en 'la Oficina'. Se trata de trasladar a un conejillo de indias para darles gusto a los medios de comunicación, a la gente que exigía acciones del gobierno frente a lo que dijo Petro, y al mismo tiempo darles gusto a los bandidos de Itagüí". La crítica golpea en lo más sensible: mientras se mueve a personajes secundarios, permanecen en el mismo lugar los principales protagonistas.

"Pocho" está cumpliendo una condena de 36 años por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Es responsable del asesinato de Liliana Patricia Cataño Montoya, una líder comunitaria de la comuna 13 que fue atacada por sicarios de "la Agonía" el 18 de octubre de 2017. Desde 2023 funciona como uno de los 16 voceros suplentes en la mesa de paz urbana, donde participan 23 voceros ligados a la confederación criminal "la Oficina".

En cuanto a Sebastián Murillo Echeverry, alias "Lindolfo", quien fue señalado como el organizador de la parranda, un juez negó hace poco su solicitud de libertad condicional. Seguirá pagando 18 años y seis meses de cárcel por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y ocultamiento de prueba. Por ahora, el Inpec reporta que no hay más solicitudes de traslado para internos de Itagüí, lo que mantiene la tensión sobre si la orden presidencial se cumplirá completamente o quedará a mitad de camino.