Una isla pequeña en el paraíso del Caribe colombiano se ha convertido en el centro de una batalla legal que pone en evidencia cómo durante años algunos empresarios han gozado de condiciones muy favorables sobre bienes públicos. Se trata de la Isla Fiesta, ubicada en el archipiélago de las Islas del Rosario, donde Andrés Jorge Lisocki Fryde, representante legal de la inmobiliaria Inversiones Piamonte con sede en Cali, ocupó de manera irregular primero entre 2002 y mediados de 2006, sin permiso alguno del Estado.

La ocupación no terminó ahí. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) le arrendó el baldío mediante un contrato que corrió desde abril de 2007 hasta abril de 2015, es decir ocho años. Cuando ese período se venció, Lisocki Fryde debió devolverlo en un plazo de dos meses. Sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras advirtió que en noviembre de 2015 el empresario volvió a ocuparlo irregularmente y que, increíblemente, el Incoder le otorgó otro contrato de arrendamiento por ocho años más, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2023, con un canon mensual de $220.430 para desarrollar actividades de recreación y ecoturismo en ese pequeño predio de aproximadamente 600 metros cuadrados.

Cuando este segundo contrato también se venció, el mismo patrón se repitió: el empresario se rehusó a entregar la isla y "siguió explotándola sin permiso y sin pagar arriendo", según lo reportado. Esto obligó a la Agencia Nacional de Tierras a recuperar el bien el 27 de enero de 2026 con apoyo de la fuerza pública.

Aquí comienza el pulso judicial. Lisocki Fryde presentó una acción de tutela buscando volver a ocupar la isla y continuar pagando el arriendo mensual. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena rechazó su solicitud. Pero el empresario no se rindió y presentó una segunda tutela ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, donde el magistrado Moisés Rodríguez falló a su favor. El juez decidió "amparar su derecho fundamental al debido proceso y ordenara a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en un plazo de 48 horas desde la notificación de la decisión judicial, restituirle el baldío insular Isla Fiesta".

La respuesta del Estado fue contundente. La Agencia Nacional de Tierras presentó su propia tutela en defensa de la administración correcta de los baldíos de la Nación. En su comunicado, la ANT cuestionó duramente cómo estos contratos han beneficiado a empresarios y personas influyentes. "Es lamentable subrayar que este tipo de contratos ha favorecido a empresarios y personas influyentes, que han pagado arriendos irrisorios por bienes públicos similares a Isla Fiesta, mientras que en las Islas del Rosario la estadía de una sola noche puede costar más de un millón de pesos", denunció la entidad. La agencia aclaró además que el canon de arrendamiento de la Isla Fiesta quedó fijado posteriormente en un monto cercano a los 11 millones de pesos, una cifra mucho mayor a los $220.430 que había estado pagando.