El Ministerio de Trabajo está considerando cambiar cómo se manejan los ahorros de millones de colombianos en el sistema pensional. Un borrador de decreto propone que cuando alguien se traslade desde las AFP (fondos privados de pensiones) hacia Colpensiones (el régimen estatal), sus ahorros acumulados se transfieran en máximo 15 días hábiles, sin esperar a que hayan completado los requisitos para pensionarse. Esto significaría mover unos $25 billones de forma inmediata.

A primera vista, esto parece lógico: el dinero se va adonde irá la persona. Pero aquí está el problema. La reforma pensional de 2023 creó un fondo especial llamado Fapc que debería funcionar como una alcancía para el futuro. La idea original era que los ahorros de quienes se trasladen permanecieran invertidos durante años, generando ganancias que acumularan reservas para cuando la población envejecida necesite cobrar pensiones. Con este decreto, eso no pasaría. Los recursos entrarían directamente a Colpensiones para pagar pensiones de ahora, dejando el fondo de ahorro sin capital de arranque.

Anif, la asociación nacional de instituciones financieras, advierte que esto crea un espejismo fiscal. El Gobierno se ahorra dinero a corto plazo porque no tiene que transferir tanto presupuesto para pagar pensiones hoy. Pero es como sacar dinero de la alcancía infantil para pagar gastos de este mes: funcionaría ahora, pero después la cuenta quedará vacía cuando más se necesite.

Las proyecciones son preocupantes. En 2026, el fondo tendría $5 billones menos que lo planeado. Para 2030, la brecha acumulada llegaría a $15,2 billones. Esto es especialmente crítico en los primeros años, cuando el fondo debería estar creciendo fuerte gracias a las inversiones que genera. Con menos capital inicial, esos rendimientos serían menores, lo que aceleraría el momento en que se agoten las reservas.

Cuando eso suceda, el Gobierno tendrá que cubrir el faltante con dinero del presupuesto nacional, lo que podría significar mayores impuestos o recortes en otras áreas. En otras palabras, un alivio fiscal de hoy se convierte en un problema presupuestario de mañana, y potencialmente en más presión fiscal para los colombianos.

El dilema es real: el decreto podría ayudar las finanzas públicas en el corto plazo, pero debilitaría la sostenibilidad del sistema pensional desde su nacimiento. Es el riesgo de usar hoy recursos destinados a financiar pensiones futuras.