Un encuentro breve, casi de circunstancia, ocurrido hace poco más de un año, se ha convertido en una de las evidencias más comprometedoras contra Karen Manrique en el escándalo que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El 14 de diciembre de 2023, la representante a la Cámara —capturada hace poco— se reunió con Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la entidad, para hablar de unos contratos. Lo que pasó en esos minutos quedaría documentado en los testimonios que ahora maneja la Corte Suprema.

Según reveló Semana, Pinilla declaró ante la Fiscalía cómo Manrique presionó para adjudicar un proyecto en Arauca. El funcionario recordó que ella llegó acompañada por un hombre llamado Gustavo González Ruiz, a quien identificó como su compañero sentimental. En ese encuentro, Manrique habría sido directa: "Eso lo voy a manejar yo a través de mi esposo", señalando al señor que la acompañaba. El proyecto en cuestión implicaba la construcción de obras para prevenir inundaciones en el río Bojabá, con un presupuesto cercano a los 30 mil millones de pesos. Para Pinilla, el mensaje era claro: Manrique buscaba que los fondos públicos terminaran en manos de su pareja.

Lo intrigante es que esta reunión no ocurrió en el vacío. Poco después, según el testimonio de Pinilla, recibió una llamada del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien hablaba de créditos en riesgo y proyectos urgentes. Un día después, el 15 de diciembre, Olmedo López, director de la UNGRD, participó en una reunión de emergencia donde quedaron definidos tres contratos prioritarios, incluido el de Saravena. López confesó que se trataba de "darle parte" a los legisladores de la Comisión de Crédito Público, y específicamente sobre Manrique explicó que "como ella era afín al Gobierno y era la persona de Arauca, como representante a la Cámara, pues teníamos que darle parte".

La persistencia de Manrique no pasó desapercibida. Cuando López fue suspendido temporalmente y luego regresó al cargo en febrero de 2024, ella le envió mensajes de apoyo que, según la Corte, ocultaban un propósito bien definido. "Dr. Olmedo, le deseo éxitos y bendiciones en su regreso a la entidad; todo el cariño y respeto, está trabajando por este país que tanto lo necesita", escribió en uno de los chats. López no respondió, pero Manrique insistió, solicitando apenas "cinco minutos" de su tiempo. Para los jueces, este comportamiento confirmaba que la congresista buscaba mantener vivo el acuerdo sobre el contrato de Saravena.

El expediente en manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema incluye un arsenal de pruebas: chats de WhatsApp y Signal, videos de seguridad, y registros de reuniones en la Casa de Nariño donde habrían participado otras figuras públicas como Carlos Ramón González y Luis Fernando Velasco. Según Pinilla, todo formaba parte de un esquema para "aceitar al Congreso" con presupuestos que sumaban hasta 1.4 billones de pesos. Los testimonios de López, Pinilla y María Alejandra Benavides, exasesora de Hacienda, han permitido armar lo que la Corte describe como una "organización criminal" al interior de la UNGRD, donde congresistas utilizaban su influencia para negociar proyectos del Gobierno a cambio de beneficios personales.

Manrique, quien obtuvo 5.640 votos como representante por las curules de paz, ahora enfrenta cargos por cohecho impropio. Su caso es apenas uno en una trama más amplia que ha comprometido también a los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y al exlegislador Juan Diego Muñoz. La investigación de la Corte Suprema continúa abierta y podría extenderse a otros legisladores que participaron en el entramado. Lo que comenzó como una reunión de 14 minutos en diciembre se ha convertido en evidencia de cómo los fondos destinados a la prevención de desastres terminaron siendo repartidos como favores políticos.