Un año después de la muerte de María Alejandra Guerrero Montiel, ocurrida en la madrugada del 28 de abril de 2025 cuando cayó desde el quinto piso de un conjunto residencial en Barranquilla, su padre continúa buscando respuestas. José Guerrero ha tenido que llegar hasta Bogotá para reclamar avances en una investigación que, según dice, permanece estancada en la capital atlántica. La joven patrullera de la Policía Nacional, de tan solo 22 años y descendiente de la etnia wayuu, murió en circunstancias que la familia cuestiona profundamente.

El dolor que carga José Guerrero se mezcla con la frustración. Asegura que el proceso investigativo no ha avanzado al ritmo esperado y que ha debido acudir a puertas cada vez más altas. Ha recurrido a la Presidencia, Vicepresidencia, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Lo que busca es simple pero urgente: que la verdad sobre la muerte de su hija salga a la luz y que se esclarezca si se trata de un feminicidio.

Lo que más molesta a la familia es la lentitud. Según Guerrero, por el caso han pasado cuatro fiscales distintos, lo que ha fragmentado la investigación y dificultado decisiones de fondo. Actualmente, explica, el caso estaría en manos del fiscal 11, Christian Arrieta, pero aún no hay un pronunciamiento oficial claro. Guerrero afirma que existen elementos probatorios que sugerirían que la muerte no fue suicidio, sino un presunto feminicidio, pero la Fiscalía aún no se ha pronunciado formalmente.

Lo que genera aún más indignación es que, según relata el padre, la persona señalada como presunto responsable continúa trabajando normalmente en la Policía Nacional. Pasó casi un año antes de que se abriera siquiera una investigación formal contra quién se encontraba con María Alejandra en el momento de los hechos.

La familia no está sola en esta lucha. La ONIC comenzó a acompañar el caso hace aproximadamente 15 días, y liderazgos wayuu se han sumado al reclamo de justicia. Para José Guerrero, este respaldo es vital en medio de un proceso que describe como lento y lleno de obstáculos.

El reclamo de la familia es claro: investigación seria, escucha a los familiares, protección de las pruebas y explicaciones claras. José Guerrero insiste en que su lucha no es solo por su hija, sino por garantizar que ninguna otra familia tenga que vivir lo que ellos están viviendo. Pide, además, que se reconozca la condición étnica de María Alejandra, como mujer wayuu y servidora de la Policía.

Mientras continúa la espera por respuestas, la familia invita a la comunidad de La Guajira a una misa en memoria de María Alejandra, que se realizará a las 4:00 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Hatonuevo, su tierra natal. Es un acto de remembranza en medio del dolor y la exigencia de verdad que aún no llega.