El reloj legislativo corre contra el tiempo. Faltan apenas siete días para que termine la agenda del Congreso y con ella, muchos proyectos que no logren aprobación tendrán que volver al punto de partida el próximo semestre, enfrentando nuevamente una ardua batalla parlamentaria.

La buena noticia es que varios proyectos ya cruzaron la meta. Entre los aprobados está la Ley 440 de 2025, conocida como "Niñas sin Ablación", que combate la mutilación genital femenina en Colombia. Esta iniciativa nació de una pregunta incómoda que se hizo Claudia Queragama Pepe, líder de la comunidad Emberá Chamí, cuando siendo adolescente descubrió por libros de anatomía que las mujeres tienen clítoris: "¿Y yo por qué no lo tengo?". La ley fue impulsada de manera multipartidista por las representantes Jennifer Pedraza, Carolina Giraldo y Alexandra Vásquez, y establece un marco para la prevención, atención y erradicación de esta práctica. Según Ángela Anzola, directora de la Fundación PLAN, que apoyó el proyecto, "El enfoque no puede ser estigmatizar a las comunidades. El machismo y la misoginia son fenómenos estructurales presentes en toda la sociedad, no exclusivos de ciertos territorios. Por eso, el reto es cómo establecer un diálogo respetuoso: cómo llegar a una comunidad y cuestionar una práctica sin imponer ni estigmatizar".

También salieron adelante la Ley de la Música, que crea un fondo especial para fortalecer la industria musical colombiana con incentivos tributarios como la eliminación del IVA en instrumentos y equipos especializados. Además garantiza que al menos el 40 por ciento de artistas en festivales públicos sean mujeres o músicos emergentes. Igualmente fue aprobada la Ley Nuclear, que permitirá crear una Agencia Nacional de Energía Nuclear y construir un reactor de investigación para producir radiofármacos destinados al tratamiento del cáncer. Esto es crítico considerando que, según el Ministerio de Salud, el cáncer mata aproximadamente 57.000 personas anualmente en el país.

La Ley "Por la niñez y adolescencia libre" endurece significativamente las penas contra quienes recluten menores para el conflicto armado. Anteriormente el castigo oscilaba entre 13 y 23 años; ahora será de 40 a 50 años de prisión. Fue aprobada con 122 votos y liderada por Julián López, presidente de la Cámara. La ley también incorpora prevención a través de RTVC y la Defensoría del Pueblo, además de medidas para que plataformas digitales no sean usadas por grupos ilegales para contactar menores. López fue tajante: "Vamos a ponerle en cintura a las plataformas, porque por allí estaban llegando a nuestros menores".

Se aprobaron también una reforma que amplía las opciones de donación de órganos reconociendo la muerte por parada circulatoria irreversible, un nuevo régimen aduanero que protege más de 3,2 billones de pesos en procesos fiscales, y la ley contra abuso sexual de animales, que contempla penas de 48 a 55 meses de cárcel e inhabilidades de uno a tres años.

Sin embargo, el tiempo apremia para otros proyectos igualmente importantes. La Ley Jineth Bedoya Lima, que obliga la capacitación en violencias basadas en género para todos los funcionarios públicos, ya fue aprobada en tercer debate pero aún necesita trámites finales. No es menor: es una medida de reparación exigida por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También siguen en el limbo el proyecto para revivir el Ministerio de la Igualdad y la iniciativa que regula contratos por prestación de servicios para proteger derechos de trabajadores.

Con una semana en el calendario, la carrera contra el reloj continúa.