En Colombia, recurrir a la justicia para acceder a un medicamento o una cita médica se ha convertido en la realidad de cientos de miles de personas. La Defensoría del Pueblo reveló números que ponen en alerta roja el estado del sistema: las tutelas por problemas de salud saltaron de más de 265.000 en 2024 a alrededor de 312.500 en 2025. Esto significa 47.500 demandas adicionales en apenas un año, un aumento del 17,92 por ciento.

Detrás de cada cifra hay una historia de frustración. El 9 de enero de 2026, cientos de personas ocuparon las sedes de Nueva EPS en varias ciudades del país: Tunja, Ibagué, Cali, Bucaramanga y otras. En sus carteles dejaban claro el mensaje: llevaban meses sin recibir sus medicinas. "nos engañan, no nos responden", decían. No son casos aislados. Las tutelas en salud ya representan el 34 por ciento del total de estas acciones jurídicas en el país, consolidándose como una de las principales causas de judicialización en Colombia.

Para muchos colombianos, la tutela se ha convertido en el único camino viable para acceder a tiempo a servicios y medicamentos. Esto no debería ser así. En el marco de la Fería del Libro de Bogotá, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, fue contundente en su diagnóstico: "La salud no puede seguir dependiendo de la judicialización. Un sistema que obliga a la ciudadanía a acudir masivamente a la tutela evidencia fallas en su capacidad de respuesta, en la garantía de la oportunidad y en la continuidad de la atención. La alta tasa de concesión de estas acciones, cercana al 74,3 %, demuestra que en la mayoría de los casos existe una vulneración real de derechos". Los jueces dan la razón a los demandantes en casi tres de cada cuatro tutelas, lo que evidencia que el sistema está fallando de manera sistemática.

Las enfermedades del corazón encabezan las tutelas, representando el 12,2 por ciento de los casos, con la hipertensión como diagnóstico estrella. Le siguen problemas osteomusculares, neurológicos y endocrinos. También hay una presencia importante de problemas de salud mental como ansiedad, autismo y depresión. Las patologías más graves como el cáncer, enfermedades neurológicas severas y epilepsias demandan recursos 20 por ciento más altos que la atención general, lo que revela las dificultades particularmente agudas para acceder a tratamientos complejos.

Lo más preocupante es la desigualdad territorial. En departamentos pobres como Vichada, La Guajira y Chocó, las tutelas son mucho menos frecuentes. Eso podría interpretarse como una buena noticia, pero la realidad es más cruda: la Defensoría explica que "las poblaciones más vulnerables enfrentan una doble exclusión: dificultades para acceder tanto a los servicios de salud como a la justicia. La baja judicialización en estos territorios no refleja mejores condiciones, sino mayores barreras estructurales".

Los grupos más afectados son quienes más protección necesitan. Personas con enfermedades graves, adultos mayores y personas con discapacidad concentran casi el 40 por ciento de las tutelas en salud. La población privada de la libertad presenta tasas aún más altas de judicialización, lo que delata fallas serias en la atención dentro de cárceles y penitenciarias.

Marín fue clara en señalar dónde recae la responsabilidad: "Queremos aportar una mirada técnica, rigurosa y propositiva para resolver las problemáticas que afectan a la población. Hemos advertido la urgencia de garantizar el acceso a medicamentos y citas, especialmente en zonas rurales, y de avanzar en una reforma a la salud que preserve los logros del sistema, pero que enfrente sus desafíos con una transición responsable". El llamado está en la mesa del Gobierno Nacional. Sin cambios estructurales, la judicialización de la salud seguirá creciendo.