La presentación de una tutela este viernes 17 de abril ante el Tribunal Superior de Bogotá destapó una discusión incómoda en la carrera presidencial de 2026: ¿pueden los jueces obligar a los candidatos a debatir? El joven abogado sanandresano Dylan Pizarro Torregroza decidió llevar el tema al terreno judicial, notificando a Iván Cepeda Castro, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia Laserna, Sergio Fajardo, el Consejo Nacional Electoral, RTVC y varios partidos políticos sobre su demanda. El caso cayó en manos del magistrado José Aníbal Mejía Camacho y de inmediato comenzó el caos.

Lo que Pizarro Torregroza sostiene en su acción de amparo es que algunos candidatos están vulnerando derechos fundamentales al no participar en debates públicos. Para él, los debates no son solo un derecho sino un deber que los aspirantes tienen frente a la ciudadanía, algo que respalda en jurisprudencia del mismo tribunal bogotano. Su petición es clara: que un juez ordene debates televisados obligatorios donde prime la pluralidad y el respeto.

La reacción de los candidatos no se hizo esperar. Abelardo de la Espriella fue el primero en salir al paso el sábado, aclarando que no necesitaba que lo obligaran judicialmente para debatir. Poco después, tanto Cepeda como Valencia lanzaron retos públicos directos, aceptando la confrontación de ideas. Lo curioso es que Espriella cuestionó si Cepeda habría aceptado debatir sin la presión de la tutela, sugiriendo que el mecanismo judicial influyó en su cambio de postura.

Desde el movimiento Defensores de la Patria argumentaron que la tutela es simplemente improcedente. Según ellos, este mecanismo no funciona en contra de particulares, además de que ya existe garantía del derecho a la información a través de programas de gobierno, entrevistas y presencia en medios de comunicación. Para De la Espriella y su equipo, el caso toca un tema más profundo: si es correcto que un juez intervenga en decisiones que hacen parte de la estrategia política de una campaña.

Y aquí está el verdadero nudo del asunto. La tutela plantea que existe una obligación democrática de debatir, pero sus críticos advierten que meter la justicia en esto podría vulnerar la autonomía política de los candidatos. El magistrado tendrá que responder una pregunta incómoda: ¿es la ausencia de debates una vulneración de derechos fundamentales que justifique que un juez intervenga, o es simplemente una decisión política que no le corresponde juzgar a la rama judicial?

Lo que sí es un hecho es que la tutela ya logró lo que quizás era su objetivo implícito: llevó a los candidatos al ruedo. De la Espriella, Cepeda y Valencia están intercambiando retos y cuestionamientos públicos, convirtiendo los debates en el eje central de la campaña. Ahora el país espera qué dice el juez, aunque la política ya está hablando por su cuenta.