Una decisión judicial sobre la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella ahora enfrenta un nuevo reto legal. El magistrado Rafael Albeiro Chavarro, del Tribunal Superior de Bogotá, había ordenado de manera provisional que De la Espriella dejara de usar la frase "Firme por la patria" como eslogan de campaña y retirara toda la propaganda que incluyera símbolos patrios en un plazo de 24 horas. La orden se fundamentaba en que el candidato y su movimiento "Defensores de la Patria" habrían afectado derechos fundamentales al usar la bandera colombiana, sus colores (amarillo, azul y rojo) y símbolos de las fuerzas militares en sus piezas electorales.

Ante esto, el abogado Fabio Humar interpuso una acción de tutela ante la Corte Suprema contra esta decisión. En entrevista con La FM, explicó que considera la medida "inaplicable, inejecutable y muy equivocada". Humar cuestionó la viabilidad práctica de la prohibición, señalando que la expresión ya está impresa en múltiples elementos de campaña como camisetas, volantes y tarjetones. "¿Van a decomisar las camisetas, las cachuchas, las pancartas?", preguntó, resaltando lo absurdo que sería intentar recopilar todo el material que ya circula.

El defensor de De la Espriella argumentó que la decisión viola varios derechos fundamentales. Primero, mencionó el derecho al juez natural, considerando que este asunto debería haber sido tramitado ante el Consejo Nacional Electoral, no ante un tribunal ordinario. Además, señaló que hay una censura previa sobre la publicidad de campaña que afecta la igualdad electoral y el derecho al voto libre e informado. Humar también planteó que la frase no es un símbolo patrio protegido como el escudo, el himno o la bandera, por lo que cualquier persona podría usarla sin restricción.

Otro punto crítico en la tutela es el timing de la medida. Humar enfatizó que llegar con una prohibición tan agresiva a solo ocho días de la segunda vuelta electoral impacta directamente la dinámica de la campaña de manera desproporcionada. Argumentó que los jueces debieron buscar un equilibrio entre los derechos en conflicto, pero en cambio favoreció de manera desbalanceada una de las partes. "No es lo más ponderado, no es lo más razonable", opinó, cuestionando además si realmente existe una urgencia que justifique una medida cautelar de esa envergadura.