El caso de Kevin Acosta llegó a los juzgados. La abogada Marcela García Cifuentes interpuso una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro por las declaraciones que hizo sobre la muerte de este menor diagnosticado con hemofilia. La jurista también anunció que prepara denuncias penales en contra del mandatario relacionadas con este asunto.

García Cifuentes explicó que la decisión responde a los comentarios que el presidente realizó durante un consejo de ministros. En esa ocasión, Petro se refirió al caso del niño e hizo cuestionamientos públicos hacia la madre del menor, Yudy Katherine Pico. Para la abogada, esto es inaceptable considerando que la mujer atraviesa el duelo por la pérdida de su hijo. "Está viviendo uno de los momentos más duros que puede enfrentar una persona, como es perder un hijo, y además debe defenderse de lo dicho por la más alta instancia del Gobierno", aseguró.

La motivación de García Cifuentes también proviene de su experiencia personal. Ella se declaró sobreviviente de cáncer y expresó su compromiso con la defensa de mujeres cabeza de hogar. Considera que el Estado debería brindar respaldo en estos casos complejos, no emitir acusaciones públicas contra quienes ya están sufriendo.

La tutela presenta tres peticiones concretas. Primero, pide la cesación inmediata de los señalamientos contra Yudy Katherine Pico. Segundo, solicita el retiro completo de los datos médicos que fueron divulgados sin consentimiento. Tercero, exige una rectificación pública del presidente Petro. En este último punto, la abogada enfatizó que la rectificación debe hacerse "en condiciones de equidad", usando los mismos canales y con el mismo alcance que tuvieron las declaraciones originales.

Un aspecto central del recurso es la presunta exposición pública de la historia clínica del menor y de información médica de su madre. El caso también reveló que tres familiares del niño padecen hemofilia, y uno de ellos se encuentra hospitalizado.

Mientras avanza el proceso judicial, Nueva EPS se pronunció asegurando que la muerte de Kevin Acosta no se produjo por falta de medicamento. Ahora un juez evaluará la tutela y determinará si las declaraciones del mandatario vulneraron derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre y la protección de datos personales en salud. Lo que está en juego es si el presidente excedió sus límites al comentar públicamente sobre un caso médico tan delicado.