El Centro Democrático metió las manos en la cancha de la democracia electoral con una estrategia poco común: acudió a la justicia para que obligue al candidato presidencial Iván Cepeda a sentarse en una mesa de debates. La tutela, presentada ante un juzgado civil de Medellín por el exsenador Jonathan Tamayo, tiene un propósito bastante directo: que un juez ordene la "asistencia obligatoria a un mínimo de dos debates presidenciales en medios públicos y privados antes de la primera vuelta electoral".

Según los que impulsan esta acción, la decisión de la campaña de Cepeda de mantenerse alejado de los debates televisados y los organizados por medios de comunicación responde a una "estrategia deliberada de comunicación unidireccional, la cual impide el contraste dialéctico de sus propuestas". Para ellos, esto genera un problema grave: los ciudadanos terminan votando sin tener acceso a toda la información que necesitan para tomar una decisión informada.

Los accionantes fueron claros en su preocupación. "Los ciudadanos firmantes, en nuestra condición de electores estudiosos de la realidad nacional, observamos con preocupación que la ausencia de debates genera una asimetría de información insalvable, donde el candidato controla el flujo informativo, impidiendo que el votante ejerza el derecho a recibir información veraz e imparcial mediante la réplica y la contra-argumentación en tiempo real", dice el documento de la tutela.

La acción también pidió que la orden se emita de manera inmediata, sin esperar al final de la campaña. Esto es una lección que sacan del 2022, cuando Rodolfo Hernández se rehusó a participar en debates. En ese caso, los procesos judiciales llegaron tarde. El Centro Democrático argumenta que "obligar a un candidato a la presidencia a participar en debates públicos es una medida estrictamente necesaria para garantizar los derechos constitucionales del electorado, fundamentándose en el derecho a la información, el principio del voto programático y los recientes desarrollos jurisprudenciales que protegen la simetría informativa en la contienda electoral".

Ahora el balón está en la cancha del juez de Medellín, quien deberá decidir si este derecho que reclaman los ciudadanos a estar informados es más importante que otros derechos del candidato. Los demandantes esperan una respuesta pronta, antes de que la campaña siga avanzando sin que los electores conozcan todas las propuestas de quienes aspiran a la Casa de Nariño.