En Santa Marta se radicó una tutela que busca detener la entrega de la credencial de gobernadora electa del Magdalena mientras el Consejo Nacional Electoral resuelva un asunto pendiente sobre la habilitación legal de María Margarita Guerra Zúñiga. Los demandantes, Rubén Darío Ceballos Mendoza y Camilo José David Hoyos, alegan que hace meses solicitaron la revocatoria de la inscripción de Guerra por una presunta inhabilidad relacionada con su desempeño reciente en la Asamblea departamental, pero el CNE aún no responde.

El problema de fondo es que el CNE no ha cumplido con los tiempos que establece su propia reglamentación. Según los accionantes, desde el 23 de octubre de 2025 hicieron la solicitud de revocatoria, y la entidad tenía 23 días hábiles para resolver. Además, ni siquiera realizó la audiencia que estaba programada para el 14 de noviembre. Para los demandantes, esto representa una vulneración clara al debido proceso y a la transparencia del proceso electoral.

A través de la tutela, solicitan una medida provisional urgente para que la Comisión Escrutadora General del Magdalena se abstenga de declarar la elección mientras no exista una decisión definitiva sobre la revocatoria de candidatura. Los accionantes advierten que una situación similar ya ocurrió antes: el CNE cometió una omisión parecida que llevó a la nulidad de una elección anterior en el departamento.

Ese antecedente es preocupante para la región. Según los demandantes, aquella nulidad obligó a realizar elecciones atípicas que costaron aproximadamente 35 mil millones de pesos al erario. Advierten que el Magdalena podría enfrentar una nueva crisis institucional si nuevamente se permite que el CNE incumpla sus propios procedimientos sin consecuencias aparentes.