En Turquía comenzó este lunes uno de los mayores juicios de la historia reciente del país. Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul desde 2019 y principal figura de la oposición, se enfrentó a la justicia junto a más de 400 personas acusadas de corrupción generalizada. La Fiscalía pidió para Imamoglu una condena de hasta 2.352 años de cárcel. El juicio tuvo un inicio turbulento cuando los jueces rechazaron que el alcalde tomara la palabra y abandonaron la sala tras acusarlo de perturbar el proceso, obligando a aplazar la audiencia hasta la tarde.

El caso contra Imamoglu no es nuevo en términos de tensión política. Su detención hace casi un año desencadenó las mayores protestas callejeras vistas en Turquía en más de una década. La Fiscalía lo acusa de 142 delitos, incluida la creación de una "organización criminal con ánimo de lucro" desde 2015, cuando era alcalde del distrito de Beylikduzu. Según la acusación de 3.900 páginas, el objetivo habría sido tanto enriquecerse mediante fraude en licitaciones y sobornos como financiar su ascenso político dentro del Partido Republicano del Pueblo, lo que culminó en su designación como candidato presidencial para las elecciones de 2028.

Lo que la mayoría de los analistas y defensores de derechos humanos subrayan es el contexto político de este proceso. Imamoglu es el rival más serio que enfrenta el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien ha gobernado durante 23 años. La detención del alcalde opositor ocurrió apenas días después de ser nombrado candidato presidencial. Benjamin Ward, subdirector para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, describió los casos contra la oposición durante el último año como "la utilización del sistema de justicia penal como arma". "Si analizamos estos casos en su conjunto, es difícil evitar la conclusión de que los fiscales están intentando sacar a Imamoglu de la política y desacreditar a su partido de maneras que socavan la democracia", señaló.

Este juicio no es un caso aislado. Otros miembros electos del partido opositor, incluidos alcaldes de ciudades importantes, enfrentan acusaciones separadas de terrorismo y corrupción. La propia dirección nacional del CHP también está bajo presión legal. Los críticos apuntan que el fiscal general de Estambul, Akin Gurlek, nombrado en ese cargo a finales de 2024, lanzó una serie de investigaciones contra figuras del CHP antes de regresar recientemente al Gobierno como ministro de Justicia. También denuncian el uso de testigos secretos cuyos nombres se ocultan a los abogados defensores, lo que consideran viola el derecho a un juicio justo.

El juicio podría prolongarse durante años. Imamoglu se encuentra recluido en la prisión de Silivri, al oeste de Estambul, donde también están otros acusados. Las autoridades han ordenado construir una nueva sala de audiencias dentro del complejo penitenciario debido a la magnitud del caso. A pesar de la prohibición de manifestaciones en los alrededores, cientos de personas se han congregado para exigir la liberación del alcalde. El Gobierno turco sostiene que el poder judicial es independiente e imparcial, mientras que la oposición insiste en que este es un ejemplo más de cómo se utiliza la justicia para eliminar adversarios políticos.