Colombia está enfrentando una ola preocupante de inadmisiones de extranjeros sospechosos de viajar al país con propósitos de explotación sexual. Las cifras son alarmantes: en menos de cuatro meses de 2026 ya se han registrado más de 60 casos de personas a las que se les negó la entrada, una cantidad que casi duplica los 110 inadmisiones de todo el año anterior.

La situación es particularmente grave en Medellín. El Aeropuerto Internacional José María Córdova ha concentrado la mayoría de los controles, contabilizando 48 casos solo en estos primeros meses del año. Para dimensionar el problema, en 2025 completo esta ciudad registró 80 inadmisiones por el mismo motivo. La mayoría de los detenidos provienen de Estados Unidos.

La semana pasada ejemplifica bien lo que está pasando. Autoridades migratorias inadmitieron a 15 extranjeros en solo siete días. Entre ellos estaban cinco ciudadanos estadounidenses que viajaban en un vuelo de United Airlines desde Houston. Otros pasajeros los reportaron por mantener conversaciones explícitas sobre actividades sexuales que planeaban en el país. Cuando fueron entrevistados al llegar, sus respuestas no coincidieron con el perfil de turistas comunes, lo que llevó a aplicar la medida de inadmisión.

También fueron deportados viajeros con antecedentes delictivos graves. Se detectaron ciudadanos con alertas internacionales y uno con antecedentes comprobados por distribución de material que involucraba a menores de edad. Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia, explicó que "desde mi llegada al cargo, enfocamos el control migratorio en detectar este tipo de ofensores, luchar contra la explotación sexual y proteger a la niñez".

Los controles no ocurren solo en aeropuertos. Migración Colombia también realiza verificaciones en zonas turísticas, hoteles y alojamientos, donde ha identificado extranjeros con antecedentes ligados a trata de personas. Recientemente fue deportado el influenciador conocido como Chill Capo, acusado de promover en redes sociales el turismo con fines de explotación sexual. Además de su deportación, se le prohibió ingresar al país durante cinco años.

La entidad ha comprometido continuar fortaleciendo los filtros de control en puntos de entrada y ha establecido mayor intercambio de información con agencias internacionales para prevenir estos delitos y proteger a menores de edad.