La cárcel San Sebastián de Ternera en Cartagena está en máxima alerta por una crisis de tuberculosis que ha alcanzado proporciones alarmantes. Hasta ahora se han confirmado 46 internos contagiados con la bacteria, una cifra que crece aceleradamente dentro del penal y ha generado pánico entre los reclusos, guardias y familiares.

La situación se volvió crítica cuando uno de los presos falleció en el Hospital Universitario del Caribe por complicaciones graves de la enfermedad respiratoria. Según la información disponible, el interno fue remitido urgentemente al centro asistencial cuando su estado de salud se deterioró rápidamente. Otro recluso también permanece hospitalizado en el mismo lugar, con pronóstico reservado y bajo atención médica estricta.

Frente al riesgo de un brote masivo incontrolable, los directivos del penal junto con equipos de epidemiología local ordenaron medidas de emergencia. El patio 2 de la cárcel fue desocupado completamente para servir como zona de descontaminación, mientras que los 46 internos infectados fueron concentrados en el patio 2-1 bajo aislamiento estricto. El objetivo es cortar la transmisión aérea de la enfermedad, aunque el penal ya padecía un problema grave de hacinamiento que complica cualquier estrategia de contención.

Sin embargo, defensores de derechos humanos y familiares de los reclusos cuestionan estas medidas. Denuncian que el patio destinado para el confinamiento carece de ventilación mecánica adecuada, luz natural suficiente y tratamientos médicos oportunos para garantizar la recuperación de los pacientes. Los allegados exigen una intervención inmediata de las autoridades sanitarias y penitenciarias ante el riesgo de que el brote se expanda a otros patios del reclusorio.

La crisis ha superado la capacidad del cuerpo médico interno de la cárcel y del Departamento Administrativo Distrital de Salud. Por eso, organizaciones civiles y veedurías ciudadanas han escalado el problema al nivel nacional, pidiendo que el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior asuman el control enviando brigadas médicas especializadas y medicamentos de primera línea. También solicitan que agencias del Ministerio Público verifiquen que no se violen los derechos de los aislados, y que intervengan la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital.

El peligro no se limita a las murallas de la cárcel. Expertos en epidemiología han advertido que la tuberculosis carcelaria representa un riesgo para toda Cartagena. El flujo constante de guardias del Inpec, personal administrativo, proveedores y centenares de familiares que ingresan los domingos de visita pueden convertirse en canales de dispersión de la bacteria hacia los barrios periféricos y el resto de la ciudad.

Hasta el momento, los directivos regionales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario han mantenido un silencio institucional absoluto. La comunidad cartagenera espera un pronunciamiento oficial y acciones concretas que contengan esta crisis antes de que el número de fallecidos aumente y el brote se transforme en una epidemia urbana imposible de controlar.