En una rueda de prensa el lunes, Trump anunció amenazas contra infraestructuras clave de Irán, diciendo que "no le preocupa en absoluto" cometer crímenes de guerra. Según el mandatario, las centrales eléctricas estarán "ardiendo, explotando y nunca volverán a utilizarse", aunque aclaró esperando "no tener que hacerlo". Estas declaraciones han encendido las alarmas entre expertos en derecho internacional y funcionarios de la ONU, que advierten sobre las violaciones del derecho humanitario que implicaría una acción de tal envergadura.

El análisis jurídico es complejo. Una instalación energética podría considerarse objetivo militar legítimo si abastece bases militares, pero cualquier ataque debe evitar causar daños desproporcionados a civiles. El profesor Michael Schmitt, especialista en derecho internacional, calificó estas amenazas como "claramente ilegales". El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, fue categórico al señalar que "incluso si una infraestructura civil específica pudiera considerarse un objetivo militar, un ataque seguiría estando prohibido si conlleva daños civiles excesivos".

La profesora Rachel VanLandingham, exasesora jurídica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, advirtió sobre las consecuencias reales para civiles. Si se corta el suministro eléctrico, hospitales y plantas de tratamiento de agua dejarían de funcionar, lo que causaría muertes masivas. Según ella, Trump está señalando "no nos importa la precisión ni el impacto sobre los civiles; vamos a eliminar toda la capacidad de generación eléctrica de Irán". Trump inclusive mencionó objetivos adicionales como la isla de Kharg, fundamental para la industria petrolera iraní, y plantas de desalinización que proveen agua potable.

En Washington, las posiciones políticas se dividen claramente. La senadora republicana Joni Ernst defendió que Trump "no está amenazando con un crimen de guerra", mientras que el senador demócrata Chris Van Hollen lo calificó como un "crimen de guerra de manual". La Casa Blanca, a través de la portavoz Anna Kelly, argumentó que "el pueblo iraní recibe con agrado el sonido de las bombas porque significa que sus opresores están perdiendo" y acusó al Gobierno iraní de violaciones graves de derechos humanos.

La tensión escala mientras el conflicto entra en su segundo mes. El Estrecho de Ormuz, por donde transita normalmente el 20 por ciento del petróleo mundial, ha visto paralizado su tráfico marítimo, disparando los precios del petróleo y sacudiendo los mercados financieros globales. Para los expertos, la verdadera pregunta no es solo si estas acciones constituirían crímenes de guerra, sino también sus efectos a largo plazo. Aunque tales ataques pudieran justificarse legalmente en algún escenario hipotético, el daño a civiles alimentaría el resentimiento, fortalecería la propaganda del régimen iraní y probablemente prolongaría el conflicto regional.