El presidente Donald Trump cumplió con el fallo de la Corte Suprema estadounidense y firmó una orden ejecutiva que elimina los aranceles punitivos contra los proveedores de petróleo a Cuba. Sin embargo, esa no es toda la historia. El gobierno mantiene vigente la declaratoria de emergencia nacional que fundamenta el bloqueo energético contra la isla, dejando abierta la puerta a otras formas de presión.

La orden ejecutiva original del 29 de enero tenía dos mecanismos: los aranceles y la declaratoria de emergencia. Al remover uno, Washington preservó el otro. Esto significa que aunque perdieron esa herramienta específica, los estadounidenses cuentan con opciones adicionales para seguir asfixiando económicamente a Cuba. Desde abogados hasta analistas políticos, muchos en Washington consideran que la batalla legal está lejos de terminar y que hay interpretaciones alternativas del fallo supremo en litigios relacionados con la isla.

Cuba enfrenta una situación desesperada. Con seis años de crisis económica severa a sus espaldas, el país necesita importar dos tercios de sus suministros energéticos. Los hospitales funcionan en servicios mínimos, el transporte público está al borde del colapso, la basura se acumula en las calles sin sistemas de recolección, y en amplias zonas hay apagones de hasta 20 horas diarias. La economía está prácticamente paralizada. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha calificado este bloqueo como contrario al derecho internacional.

Aunque la administración Trump no ha especificado cuáles serán sus próximos pasos, los analistas mencionan posibles medidas bancarias del Departamento del Tesoro o sanciones secundarias. Lo que caracteriza la táctica de esta administración es lanzar amenazas con la esperanza de que el efecto disuasorio sea suficiente sin necesidad de implementarlas realmente. Es la estrategia del miedo.

En Washington existe una pequeña minoría que favorecería permitir que países como Rusia o China suministren petróleo a Cuba para evitar una crisis humanitaria total, pero manteniendo el cerco energético como mecanismo de presión política. Lo que sí se observa es que la administración estadounidense está más enfocada en exigir cambios en las políticas económicas cubanas que en un cambio de régimen.

Recientemente, el gobierno cubano permitió que el sector privado importara directamente combustible, frecuentemente desde Miami, como medida para aliviar parcialmente el asedio petrolero. Washington parece tolerar esta apertura, considerándola un movimiento en la dirección que Washington desea ver.