La Casa Blanca enfrenta este viernes un vencimiento incómodo. Desde hace 60 días, Estados Unidos desarrolla operaciones militares contra Irán, y bajo la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, ese plazo obliga al presidente a obtener autorización del Congreso para continuar. Pero la administración Trump ha encontrado un argumento legal: la guerra ya terminó porque no hay combates activos.

El secretario de Defensa Pete Hegseth y otros funcionarios defienden que el alto el fuego iniciado el 7 de abril cambió la naturaleza jurídica del conflicto. Según esta lectura, cuando no hay intercambios de fuego, técnicamente no hay "hostilidades" en el sentido que la ley establece. Por lo tanto, argumentan, el contador legal se detiene. La administración insiste en que esta interpretación es coherente con el espíritu original de la norma: limitar guerras activas no autorizadas, no regular pausas diplomáticas o conflictos de baja intensidad.

El problema es que la Resolución de 1973 nunca definió con precisión qué significa "hostilidades continuadas", lo que ha permitido interpretaciones flexibles a lo largo de décadas. Pero esta vez, la Casa Blanca lleva esa ambigüedad al límite. La senadora Susan Collins y otros legisladores de ambos partidos han rechazado frontalmente el argumento. Para ellos, aceptar esta tesis convertiría una ley vinculante en un mecanismo que cualquier presidente podría eludir simplemente reduciendo la intensidad del combate. "El límite de 60 días no es una recomendación política, sino una obligación legal vinculante", señaló Collins.

Mientras tanto, la realidad sobre el terreno es más complicada. Aunque ha disminuido la confrontación directa, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, realiza operaciones defensivas, y persisten conflictos paralelos en el Líbano. No es exactamente paz. Expertos en derecho constitucional como Katherine Yon Ebright advierten que el precedente establecido podría permitir a futuros presidentes gestionar conflictos prolongados sin autorización legislativa, alternando fases de baja intensidad o treguas tácticas.

El conflicto real ya no se juega solo en los campos de batalla. En los últimos años, el equilibrio constitucional estadounidense entre los poderes ejecutivo y legislativo se ha erosionado en asuntos de seguridad. Esta disputa sobre cuándo una guerra comienza, continúa o termina es apenas el capítulo más reciente de una tensión más profunda: quién decide realmente cuándo Estados Unidos va a la guerra.