La madrugada del viernes 15 de mayo dejó un saldo de sangre en el corregimiento Santa Rita del municipio de Andes. Tres hombres fueron asesinados en lo que las autoridades investigan como una posible masacre, en medio de una escalada de violencia que tiene a la comunidad rural en pánico.

Según las primeras investigaciones, hombres armados irrumpieron en una vivienda o mina de la zona rural y se llevaron a las tres víctimas. Los asesinatos ocurrieron en un lugar apartado, pero lo más inquietante es lo que vino después: los cuerpos fueron deliberadamente dispersados en distintas veredas para dificultar las investigaciones.

Uno de los fallecidos fue identificado como Daniel de Jesús Mazo Rivera. Su cadáver fue encontrado atado y con impactos de arma de fuego sobre la vía que conduce al corregimiento. Los otros dos cuerpos aparecieron en sectores conocidos como Media Luna y La Y, aunque los organismos judiciales continúan adelantando búsquedas y verificaciones en la zona para ubicar posibles víctimas adicionales.

Las autoridades preliminarmente señalan que integrantes del Clan del Golfo estarían detrás de estos crímenes, aunque aún recopilan pruebas para esclarecer los hechos. La realidad es que esta región del suroeste antioqueño atraviesa un momento crítico: se registra un incremento cercano al 18 por ciento en homicidios, cifra que mantiene en alerta máxima a organismos de seguridad y comunidades.

La situación de orden público en la zona es tan delicada que los investigadores enfrentan serias dificultades para acceder a los lugares de los crímenes. Amenazas y antecedentes de ataques armados contra funcionarios del CTI y militares han obligado a que los familiares de las víctimas trasladen los cadáveres hasta el casco urbano de Andes para que se realicen los trámites de medicina legal. Lo que debería ser un procedimiento de rutina se convierte en un calvario adicional para quienes pierden a sus seres queridos en medio de la violencia.