El enredo judicial que envuelve el nuevo pasaporte colombiano sigue creciendo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de propinarle un golpe legal importante a la Imprenta Nacional de Portugal, rechazando su intento por frenar el proceso que la Procuraduría había iniciado en contra del acuerdo con la Cancillería. La empresa portuguesa había presentado un recurso alegando que nunca fue notificada correctamente sobre la demanda, pero los jueces colombianos no le creyeron.

El magistrado José Elver Muñoz Barrera fue claro en su decisión. Señaló que desde el momento en que Portugal constituyó un apoderado judicial para defenderse, automáticamente quedó notificada de todos los actos del proceso. El Tribunal precisó que "quien constituya apoderado judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el auto que le reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad". No hubo vulneración del debido proceso, concluyó la justicia.

Lo que viene ahora es el pulso principal. La Procuraduría no se detiene y sigue presionando por la suspensión urgente del contrato, advirtiendo que hay riesgos para derechos colectivos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, respondió que el convenio suscrito el 28 de julio de 2025 "se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico colombiano" y que representa un esfuerzo por modernizar la expedición de pasaportes mediante transferencia de conocimiento y fortalecimiento tecnológico.

Pero la Procuraduría tiene un listado largo de objeciones al acuerdo por más de 1.3 billones de pesos. El ente de control cuestiona que los recursos no estén garantizados para ejecutar el contrato. Además, dice que la Imprenta Casa da Moneda de Portugal solo aportaría el 21 por ciento del total, cuando la ley exige un mínimo del 50 por ciento en este tipo de acuerdos internacionales. Otra crítica es que no hubo proceso competitivo de selección, lo cual, según el Ministerio Público, viola principios fundamentales de la contratación pública como la transparencia y la libre concurrencia.

El Ministerio Público también cuestiona que la Imprenta Nacional de Colombia no tendría capacidad técnica ni operativa para ejecutar el contrato. Según la Procuraduría, su rol se limitaría a recibir entrenamiento y gestionar pagos, lo que significaría que Portugal terminaría haciendo la mayor parte del trabajo. Por todo esto, el Ministerio Público pide que se declare la nulidad absoluta del convenio y que Portugal devuelva todos los recursos que haya recibido como pago por la ejecución del acuerdo.