El cambio en la fabricación de pasaportes sigue siendo un capítulo sin cerrar en el gobierno Petro. A pocas semanas de terminar la administración, el proceso no ha logrado consolidarse después de que se intervino un modelo que funcionó durante más de 40 años en Colombia. Mientras tanto, el litigio alrededor de este acuerdo avanza en los tribunales con un nuevo golpe para el Ejecutivo.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió seguir adelante con la demanda que busca anular el convenio con la Imprenta Nacional Casa da Moneda de Portugal. El magistrado José Élver Muñoz Barrera rechazó un recurso del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que intentaba frenar el proceso argumentando que faltaba una conciliación previa y que el tribunal no tenía competencia para conocer el caso. Con esta decisión, el tribunal respalda a la Procuraduría General de la Nación, que actúa en defensa del interés público y no como parte del contrato.

El organismo de control cuestiona un acuerdo valorado en más de 1,3 billones de pesos, firmado el 28 de julio de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la entidad portuguesa. Según la Procuraduría, el convenio presenta serias inconsistencias en su financiación. El principal reparo es que, de acuerdo con lo escrito en el mismo acuerdo, este "no cuenta con recursos para su ejecución" y deja que las entidades apropien los fondos necesarios en cada año fiscal para poder suscribir los contratos derivados del servicio.

Además de los problemas de presupuesto, la Procuraduría sostiene que aunque el acuerdo se tramitó bajo las reglas de contratación con organismos internacionales, estas no se habrían cumplido completamente. Por eso pide la nulidad absoluta del convenio y, si se comprueban irregularidades, que se ordene la devolución de los dineros pagados con sus respectivos intereses.

El tribunal dejó clara su postura: este tipo de controversias no pueden resolverse mediante acuerdos entre las partes, sino que requieren análisis judicial para determinar si el convenio cumple o no con la ley. La discusión sobre falta de competencia por una cláusula comprometidora deberá plantearse formalmente cuando el gobierno conteste la demanda.