El Tribunal Superior de Bogotá cerró la puerta al Ministerio de Salud. Los magistrados confirmaron la negativa a una tutela que buscaba que la cartera accediera a la necropsia de Kevin Acosta, el niño que murió en febrero pasado por no recibir oportunamente los medicamentos contra la hemofilia que padecía. Los jueces fueron claros: el Instituto de Medicina Legal tiene derecho a mantener ese documento bajo reserva, y el Ministerio nunca demostró tener razones válidas para romper esa confidencialidad.

Todo esto comenzó cuando la controversia tomó vuelo en un consejo de ministros. El presidente Gustavo Petro aseguró que la familia de Kevin había tenido responsabilidad en su muerte porque lo dejaron montar en bicicleta. Fue entonces cuando Rodolfo Enrique Salas, secretario general del Ministerio de Salud, interpuso la tutela buscando acceder a la necropsia, presumiblemente para esclarecer lo sucedido.

Lo cierto es que Kevin sufrió una caída en su bicicleta que le dejó heridas. El problema fue que esas lesiones se agravaron progresivamente porque el menor llevaba dos meses sin recibir el tratamiento que necesitaba: la Nueva EPS, su aseguradora, simplemente no le había suministrado los medicamentos requeridos para controlar su enfermedad.

Los médicos no se quedaron callados. Asociaciones médicas y especialmente la Liga Colombiana de Hemofílicos salieron a rechazar las palabras del mandatario, porque saben bien que "un paciente de esta enfermedad bien medicado puede continuar teniendo una vida absolutamente normal". El nudo del asunto no era la bicicleta, sino la falta de medicinas.

El tribunal fue directo en su fallo: "La entidad accionada no guardó silencio frente a lo pretendido, sino que expresó las razones por las cuales estimó que no se encontraba facultada para entregar directamente la información solicitada, al tiempo que puso de presente el traslado por competencia efectuado a la autoridad que consideró llamada a pronunciarse sobre el acceso a dichos documentos". En otras palabras, el Instituto de Medicina Legal ya había explicado por qué no podía entregar el documento, y eso fue suficiente para los jueces.