La ceiba histórica La Bonga será talada. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta le puso punto final a las discusiones legales al confirmar que el árbol del barrio 20 de Julio debe ser intervenido. Los magistrados consideraron que el deterioro del árbol representa un peligro real para los vecinos, comerciantes y personas que circulan por la zona.

La decisión llegó después de que tanto la Alcaldía de Santa Marta como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) impugnaran un fallo anterior que había protegido los derechos de varias familias que denunciaban afectaciones por el estado en que se encontraba la ceiba. Aunque el Tribunal confirmó la orden de tala controlada, modificó algo importante: sacó a la UNGRD del proceso. Los jueces determinaron que la entidad nacional no tiene competencia en este caso porque no hay declaratoria de calamidad pública ni escenario de desastre que lo justifique.

Entonces, ¿quién queda a cargo? La responsabilidad recae en autoridades locales. La Alcaldía de Santa Marta debe coordinar las acciones necesarias, mientras que la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (OGRICC) tomará la dirección técnica y operativa, encargándose de la planificación, ejecución y seguimiento de la tala controlada. El Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa) también permanece vinculado al proceso.

El Tribunal fue claro en un punto: las autoridades distritales no pueden escapar de sus obligaciones de mitigar los riesgos que amenazan a los residentes y transeúntes. No pueden pasarle completamente esa responsabilidad a particulares. Con esta sentencia en firme, tienen quince días para adelantar los trabajos necesarios y culminar la intervención.

La decisión cierra un litigio que dividió opiniones en Santa Marta. Mientras unos defienden la conservación de La Bonga como parte del patrimonio de la ciudad, otros respaldan su retiro priorizando la seguridad de quienes viven y trabajan en los alrededores del emblemático árbol.