En Cartagena sigue cobrando vigencia un caso que pone en evidencia las prácticas laborales informales en conjuntos residenciales. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de la ciudad ratificó la condena contra la Asociación de Vecinos del Conjunto Residencial La Marina, ubicado en Bocagrande, por un accidente laboral que sucedió hace más de una década. Con esta decisión, se mantienen en firme todas las obligaciones de pago de indemnizaciones y acreencias que pesan sobre la asociación, aunque los efectos legales del caso siguen generando complicaciones para residentes y administradores.

Todo comenzó el 2 de marzo de 2015, cuando Diego Arrieta fue contratado verbalmente para realizar múltiples tareas en el conjunto: albañilería, pintura y mantenimiento. El panorama de falta de protección era claro desde el inicio. Arrieta nunca fue afiliado a una ARL (Administradora de Riesgos Laborales), no tenía EPS ni acceso a fondo de pensiones. Un mes después de comenzar, el 9 de abril, sufrió una caída desde unos tres metros de altura mientras descendía de un cobertizo. Como era de esperarse para alguien sin equipos de seguridad, la caída le causó fracturas graves en la tibia y el calcáneo que requirieron cirugía y seis meses de incapacidad. Los estudios posteriores determinaron que había perdido el 20,83% de su capacidad laboral.

La batalla legal comenzó en el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, que en mayo de 2020 condenó a la asociación a pagar las acreencias, indemnizaciones y prestaciones derivadas del accidente. En marzo de 2021, la Sala Laboral del Tribunal Superior confirmó esa decisión pero fue más allá: ordenó el reconocimiento de perjuicios por daño emergente y lucro cesante, aumentando así la responsabilidad económica de la asociación. Pese a esto, la asociación nunca realizó el pago voluntario de lo ordenado.

La historia no termina ahí. Como la asociación incumplió, en julio de 2023 el juzgado emitió un mandamiento ejecutivo y dispuso medidas cautelares sobre las cuotas de administración del conjunto. Esto significa que bloquearon parte de los ingresos del edificio para garantizar que haya dinero disponible cuando se ejecute la sentencia. La medida, aunque legal, ha generado fricción interna entre copropietarios y administradores que ven afectadas las finanzas del conjunto.

Además de estos problemas, ahora hay procesos por presunto desacato. Desde 2023, se han enviado oficios pidiendo a la asociación que reporte cómo está cumpliendo lo ordenado y quién ha estado administrando desde agosto de ese año. Como las respuestas no han llegado de manera clara, el abogado del demandante pidió abrir un incidente de desacato, un procedimiento que podría traer nuevas sanciones si se comprueba que la asociación ha obstruido el cumplimiento. El 28 de enero de 2026, el juzgado profirió un auto para practicar pruebas en estos asuntos, decisión contra la que se interpusieron recursos que mantienen el proceso abierto en varios frentes.

Lo que comenzó como un accidente evitable en 2015 se ha convertido en una pesadilla administrativa para toda la comunidad de La Marina. Especialistas en derecho laboral advierden que casos como este son síntoma de un problema más amplio: muchos conjuntos residenciales en Colombia manejan sus contratos de mantenimiento y servicios de forma totalmente informal, exponiendo tanto a trabajadores como a las propias asociaciones a riesgos legales serios. La ratificación del fallo por parte del tribunal envía un mensaje claro sobre la obligación de cumplir la normativa laboral y asumir responsabilidades cuando la negligencia deja daños en trabajadores. Mientras el proceso sigue su curso en asuntos colaterales, los residentes de La Marina esperan que se resuelva no solo la ejecución de la sentencia principal, sino también las implicaciones de los procesos por desacato.