La justicia volvió a poner en aprietos al Gobierno nacional. El Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un nuevo incidente de desacato contra diez funcionarios por incumplir una orden que venía desde agosto del año anterior. En la mira están el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el de Salud, Guillermo Jaramillo; el saliente superintendente nacional de Salud, Bernardo Camacho, y el nuevo agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, entre otros. La razón: las EPS no han pagado lo que deben a los hospitales y clínicas de Medellín.

La deuda es monumental: 2,1 billones de pesos que la red pública y privada de la ciudad reclama hace años. Estos recursos no son un capricho administrativo, sino dinero que los hospitales necesitan para funcionar, comprar medicinas, pagar a sus empleados y atender a los pacientes que llegan todos los días. Durante dos años en Medellín se han hecho mesas de trabajo tratando de resolver el embrollo, pero al parecer sin mayores resultados.

Ahora el tribunal no se anda con rodeos. Los funcionarios tienen tres días a partir de hoy para pronunciarse y cumplir la orden. Si no lo hacen, enfrentarán consecuencias fuertes: multas equivalentes a 50 salarios mínimos mentuales legales vigentes, e incluso seis meses de prisión. Son palabras mayores para una crisis que ha obligado a Medellín a decretar alerta hospitalaria, una medida desesperada para garantizar que los pacientes sigan recibiendo atención a pesar del colapso financiero del sistema.