La Universidad Nacional de Colombia vuelve a estar en medio de la turbulencia. El tribunal bogotano fue claro en su decisión: la Sala Laboral revocó la negativa de un juez anterior y ordenó al Consejo Superior Universitario que reintegre a José Ismael Peña Reyes en el cargo de rector, con un plazo máximo de 48 horas para hacerlo efectivo. Esta resolución judicial declara legal y válido el nombramiento original de Peña, mientras que anula la designación de Leopoldo Múnera, quien ha estado ejerciendo como rector desde la anterior elección controvertida.

Aunque la orden judicial cierra legalmente una disputa de dos años, en el campus bogotano la reacción fue inmediata y de confrontación. La Asamblea General de Estudiantes anunció ayer, 17 de febrero, un paro total de actividades académicas y administrativas que se mantendría inicialmente hasta el 24 de febrero. Según argumentaron los estudiantes, el regreso de Peña "desconoce la voluntad del estudiantado" expresada en las consultas y espacios de participación que han tenido en la institución. El próximo martes los alumnos se volverán a reunir para decidir si extienden el paro o radicalizan las medidas de presión.

Con esta orden judicial, la Nacional queda atrapada en una encrucijada difícil de resolver. De un lado está la obligación legal de cumplir con el reintegro de Peña al cargo; del otro, una comunidad estudiantil que no solo rechaza el mecanismo de elección que lo llevó al rectorado, sino que además exige una reforma profunda en los procesos de participación democrática dentro de la universidad. La institución enfrenta ahora un escenario de tensión donde ni la legalidad ni la legitimidad caminan en la misma dirección.