Después de una larga batalla judicial, el Tribunal Administrativo de Antioquia dictaminó que la intervención forzosa de la Superintendencia de Salud sobre Savia Salud fue incompleta e ilegal. La decisión, que se conoció en los últimos días, ha desatado una cadena de reacciones en el sector sanitario y político antioqueño. Con apenas 10 días de plazo, la EPS más grande del departamento volverá a estar bajo el control de la Gobernación, la Alcaldía de Medellín y Comfama.

Gustavo Campillo, vocero del gremio de la Salud, celebró el fallo como un acto de verdadera justicia. Según él, la decisión judicial no favorece a un gobierno específico, sino que reconoce algo fundamental: la crisis de Savia Salud no fue culpa exclusivamente de la gestión local. "Esto es una justicia haciendo justicia. Da mucha esperanza de que la ciudadanía pueda recobrar esa confianza en la Rama Judicial", expresó Campillo. Para el gremio, el Tribunal validó que las fallas estructurales del sistema de salud, como el cálculo y pago de la UPC, son responsabilidad directa del Estado central, no de las administraciones regionales.

Sin embargo, la euforia por la sentencia no oculta una preocupación de fondo. El gobernador Andrés Julián Rendón, quien lidera el proceso desde inicios de 2024, lanzó una advertencia contundente: la EPS que recibirá está en mucho peor estado que cuando comenzó la intervención. Rendón denunció que el patrimonio negativo creció de forma alarmante. "La intervención, en vez de mejorarles la salud a mis paisanos, la agravó. El gobierno tiene que liberar a Savia Salud de su brazo centralista e intervencionista. Ningún gobierno está por encima de la Constitución", señaló el mandatario.

Para el alcalde Federico Gutiérrez, la sentencia es una reivindicación de lo que siempre ha sostenido: la toma de Savia Salud fue arbitraria e innecesaria. "Hoy la justicia nos da la razón. Lo dijimos siempre: se tomaron Savia Salud de manera ilegal y arbitraria. Para mejorar la salud no había que acabarla", escribió el alcalde. Sin embargo, Gutiérrez enfatizó que lo que viene ahora es más importante que la victoria judicial. Anunció que una vez se complete el traspaso administrativo, ejecutarán una auditoría forense para conocer el estado real de la atención a los 1.6 millones de usuarios que dependen de esta EPS. El objetivo es clara: identificar qué sucedió durante la intervención y exigir responsabilidades.

El Tribunal fundamentó su decisión en un argumento técnico pero crucial: la Superintendencia de Salud nunca evaluó si la crisis de Savia Salud provenía realmente de problemas administrativos o si era consecuencia de la falta de recursos que el Ministerio de Salud debería haber girado. Esta omisión, consideró la magistratura, hizo la intervención incompleta e injustificada. Con la cuenta regresiva activada, los próximos 10 días serán determinantes para que la EPS inicie un nuevo capítulo bajo administración regional.