La judicatura en Antioquia acaba de poner en alerta máxima al Gobierno Nacional sobre lo que ocurre en Briceño. El Tribunal Administrativo del departamento ordenó de oficio al Gobierno diseñar e implementar un plan de intervención urgente en ese municipio dentro de los próximos 30 días. La orden llega directamente a la Presidencia de la República, a los ministerios de Defensa e Interior, y responde a una acción popular que fue respaldada por la Gobernación de Antioquia.

Lo que motivó esta decisión judicial es grave: los derechos fundamentales de los habitantes de Briceño están siendo vulnerados. El tribunal reconoció que la paz, la seguridad pública y el acceso al espacio público se encuentran en riesgo por la presencia de estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial de la región, mientras mantienen economías ilícitas que generan violencia constante.

El tribunal no se quedó solo en la orden general. También dictó medidas cautelares inmediatas que van a obligar movimiento. Dentro de 10 días hábiles, la Presidencia debe informar cuántos activos militares y de seguridad son necesarios para contener la peligrosidad de la zona, además de proporcionar los datos de desplazamientos forzados que han registrado las entidades gubernamentales.

Además, el tribunal ordenó conformar un Consejo de Seguridad extraordinario que sea liderado directamente por la Presidencia. Este organismo tendrá la responsabilidad de diseñar y coordinar una política pública específica para Briceño, así como adelantar los estudios necesarios para elaborar un plan de protección a la población civil que ha sido víctima del conflicto armado.

El Gobernador Andrés Julián Rendón celebró la decisión del tribunal. Según él, "El Tribunal reconoce lo que hemos denunciado: los habitantes de Briceño enfrentan un riesgo inminente y constante por la presencia de estructuras armadas ilegales, las disputas por el control territorial y las economías ilícitas".

La situación en Briceño es compleja. El gobernador ha advertido que es uno de los territorios donde el Clan del Golfo ha aumentado su presencia mientras disputa control con disidencias de las Farc, lo que ha generado enfrentamientos permanentes y ha obligado a civiles a abandonar sus hogares. Ahora, con esta orden judicial, el Gobierno tiene un plazo límite para actuar.