El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó una decisión que tiene en tensión al gobierno. A partir de una demanda del abogado Ramiro Bejarano, el tribunal decretó medidas cautelares contra el presidente Gustavo Petro, ordenándole que rectifique y deje de hacer acusaciones de fraude electoral mientras no tenga pruebas que las respalden. El mandatario, sin embargo, fue claro: no se retractará porque considera que hacerlo sería arrodillarse.

Bejarano no dejó pasar la respuesta presidencial. En diálogo con el medio que realizó esta entrevista, el abogado fue directo: "La manifestación del presidente acerca de que no va a cumplir el fallo, que no se arrodilla y que invoca su objeción de conciencia es una grosería contra el Estado de derecho, porque lo que el fallo le ha dicho es: 'mire, señor presidente, lo que usted ha dicho acerca de los supuestos fraudes no ha ocurrido. Esos fraudes no han existido'". Según Bejarano, el presidente actúa como un "emperador" que desconoce las decisiones de jueces y magistrados.

El punto central del desacuerdo está en los límites de la libertad de expresión presidencial. Bejarano explica que aunque el presidente tiene derecho a opinar, ese derecho no es absoluto. Cuando habla de fraude electoral sin pruebas, afecta derechos de terceros y daña instituciones. "El presidente puede expresar su discrepancia, su opinión sobre algún suceso; pero, cuando va a hacer afirmaciones tan graves como que el proceso electoral es fraudulento, que están haciendo fraude o que va a haber fraude, no puede hacerlo sin pruebas, porque lesiona los derechos de terceros". Bejarano también rechaza el argumento de la "objeción de conciencia" que mencionó Petro, calificándolo de "disparate superior". Explica que la libertad de conciencia es el derecho a pensar sin ser obligado por el Estado, pero no autoriza a violar la ley o afectar derechos ajenos.

Las consecuencias de estas acusaciones son más amplias de lo que pudiera parecer. Cuando un presidente dice que hay fraude electoral sin pruebas, afecta la credibilidad del proceso democrático y genera desconfianza en las instituciones. "Cuando un presidente sale y dice que hay fraude, afecta la credibilidad del proceso electoral, la moralidad administrativa y causa daño a la comunidad", precisa Bejarano. Esto se convierte en un riesgo para la democracia porque los ciudadanos pierden confianza legítima en las autoridades.

Ante la negativa presidencial a cumplir el fallo, Bejarano reconoce que los mecanismos de control son limitados pero existen. Aunque menciona la Comisión de Acusación como opción, también señala otros caminos: "con base en esta sentencia se le puede pedir a un organismo como RTVC que se abstenga de emitir afirmaciones del presidente que violen la decisión judicial. También la Procuraduría podría imponer sanciones a funcionarios que difundan esas apreciaciones, porque se hacen partícipes de la violación de la ley".

Para Bejarano, que la justicia le ponga límites al presidente es una buena señal. "Es una buena señal para la democracia. Que la justicia le diga al presidente 'usted puede opinar, pero no puede mentir ni exceder los límites' demuestra que hay controles funcionando". Sin embargo, la resistencia presidencial al cumplimiento de la orden judicial abre interrogantes sobre cómo se hará respetar una decisión que, según el abogado, toca asuntos fundamentales del funcionamiento institucional del país.