Un fuerte revuelo político y judicial se ha armado en el país luego de que el Tribunal Superior de Bogotá emitiera una orden contra la campaña presidencial del abogado Abelardo de La Espriella y su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo. El fallo, firmado por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, prohíbe el uso de la bandera de Colombia, el escudo nacional y el eslogan "Firmes por la patria" en toda su campaña electoral.

La medida es bastante drástica. Los candidatos tienen un máximo de 24 horas para retirar toda la propaganda que contenga símbolos patrios, referencias a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como sus frases de campaña. La orden aplica en páginas web, redes sociales y medios de comunicación masiva. El Tribunal también ordenó archivar y enviar al Consejo Nacional Electoral toda la publicidad que sea retirada.

Detrás de esta decisión está Dylan Lizarazo Ramos, un ciudadano que presentó una denuncia ante el CNE en octubre de 2025 argumentando que la campaña violaba el régimen electoral. Al no ver respuesta de la entidad, decidió llevar el caso a los tribunales. Su argumento central es que apropiarse de los símbolos soberanos del Estado para una campaña específica es indebido, pues genera el mensaje de que votar por otro candidato sería un "acto de deslealtad para con el Estado soberano de Colombia".

La reacción no se ha hecho esperar. Daniel Briceño, representante a la Cámara electo por el Centro Democrático, rechazó la decisión llamándola desproporcionada: "La justicia tendrá que llevar preso a medio país, es un atropello". Rodrigo Lara, dirigente político, fue más lejos al catalogar la orden de "ridícula" y escribió en redes sociales: "Nos tendrán que llevar presos a todos. ¡Firmes por la patria!".

Mientras corre el reloj de las 24 horas que el Tribunal Superior de Bogotá dio para cumplir la medida, el equipo de De La Espriella evalúa los recursos de apelación que podría presentar para defender su identidad visual y discursiva en la recta final hacia los comicios presidenciales. La decisión ha dividido opiniones sobre los límites entre la regulación electoral y la libertad de expresión política.