El alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, tendrá que pagar 17 millones de pesos tras ser condenado por el Tribunal Administrativo de Antioquia por no acatar órdenes judiciales que buscaban frenar las construcciones en La Romera. La sanción, equivalente a diez salarios mínimos mensuales, fue impuesta después de comprobarse que la administración municipal permitió continuar otorgando licencias de construcción en el polémico plan parcial, a pesar de las prohibiciones dictadas para proteger esta zona de reserva natural.

Lo que hizo que el tribunal tomara esta decisión fue contundente: dos informes técnicos reveló el daño real que estaba sufriendo la zona. El primero, elaborado por Corantioquia, mostró la existencia de edificaciones construidas sobre áreas protegidas, en rondas de quebradas y en terrenos con alto riesgo de deslizamientos. El segundo estudio, realizado por la organización Conexión Ambiental, documentó la pérdida masiva de fauna y flora durante los últimos 20 años en la región afectada por las obras.

El Tribunal determinó que la Alcaldía debería haber cumplido dos medidas cautelares básicas: detener completamente la entrega de nuevas licencias de construcción para este megaproyecto y revisar si las obras en curso cumplían con la ley para, en caso contrario, proceder con sellamientos, multas, suspensiones o demoliciones. La sanción tiene origen en una acción popular presentada por colectivos ciudadanos que buscaban proteger el pulmón verde de Sabaneta del avance del cemento.

Caminos de La Romera fue adoptado hace más de dos décadas con la intención de urbanizar 75 hectáreas en las veredas La Doctora y Las Lomitas. Desde entonces, el proyecto ha enfrentado fuertes cuestionamientos por la falta de concertación ambiental y sus impactos en la zona.

Desde la Alcaldía de Sabaneta respondieron que "el Municipio ha ejercido control urbanístico mediante visitas técnicas, requerimientos administrativos, verificación de licencias urbanísticas y traslado de posibles infracciones a las Inspecciones de Convivencia y Paz", además de asegurar que han adoptado medidas correctivas cuando han tenido competencia legal para hacerlo. Sin embargo, la sentencia del Tribunal sugiere que estas acciones no fueron suficientes para frenar el incumplimiento de las órdenes judiciales.