Tribunal frena supuesto "trasteo de votos" en Guaviare a cinco días de elecciones al Congreso
El Tribunal Administrativo del Meta ordenó proteger la legitimidad de las votaciones en la región después de detectar aumentos sospechosos en los censos electorales rurales. Denuncian que habría trashumancia electoral masiva, con crecimientos de hasta 1.540% en algunos puestos de votación. La decisión llega cuando faltan cinco días para las elecciones legislativas del 8 de marzo.
Con menos de una semana para que se abran las urnas, la justicia ha encendido las alarmas sobre lo que podría ser un fraude electoral sistemático en el sur del país. El Tribunal Administrativo del Meta profirió un fallo que frena lo que denomina una operación de "trashumancia a gran escala" para manipular las elecciones en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) 7, en Guaviare.
La denuncia original vino de la Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda La Y, que detectó algo que desafía toda lógica: mientras el censo electoral general ha crecido de forma normal, algunos puestos de votación rurales reportan explosiones demográficas imposibles. En Agua Bonita, por ejemplo, saltaron de 170 inscritos en 2022 a 2.789 en 2026. Tierra Alta pasó de 268 a 743 votantes. Son números que no cuadran con el crecimiento real de la población.
Lo más preocupante es que no se trata solo de números extraños. Las denuncias señalan que funcionarios de la Gobernación del Guaviare, de la empresa Energuaviare y de alcaldías como San José, El Retorno y Calamar habrían sido trasladados masivamente a zonas rurales para inscribirse. Según los reportes ciudadanos, "hacían las largas filas en los puestos cercanos de votación rurales de manera descarada para inscribir la cédula (...) y así favorecer a un candidato".
El tribunal identificó como puntos críticos de posible fraude las sedes Santo Domingo y Rafael Pombo de la institución educativa Agua Bonita, la I.E. Puerto Arturo, y sectores como San Isidro Uno y Cerritos. El daño va más allá del simple fraude electoral: las CITREP fueron creadas exclusivamente para dar voz a las víctimas del conflicto armado, no para que maquinarias políticas tradicionales las capturen.
Ante la urgencia, el Tribunal ordenó al Consejo Nacional Electoral y la Registraduría que en menos de 120 horas verifiquen y depuren los censos electorales en los puestos rurales bajo sospecha. La trashumancia electoral es un delito penal en Colombia que socava la representatividad, pero en este caso el daño es doble: se defraudaría el sistema y se revictimizaría a comunidades que esperaron décadas por un espacio propio en el Congreso.
Fuente original: El Tiempo - Colombia
