Una decisión judicial vuelve a sacudir el caótico panorama de las EPS en Colombia. El Tribunal Administrativo de Bolívar frenó en seco la intervención forzosa que la Supersalud había impuesto sobre Coosalud, suspendiendo de manera provisional las resoluciones que la ordenaron y prolongaron por dos años. La decisión, tomada el 14 de abril, llega en medio de la polémica por los nombramientos de exalcaldes en cargos claves de salud.

Lo que el tribunal encontró es desalentador. Después de que Supersalud tomara el control de Coosalud, la situación no mejoró sino que empeoró. Las acciones de tutela, esos recursos legales que los pacientes interponen cuando se les niega un derecho en salud, aumentaron en un 21%. Pasaron de 16.771 en 2024 a 20.216 en 2025. Los indicadores financieros también se deterioraron significativamente. En otras palabras, la intervención no logró estabilizar la entidad como se prometía.

La acción popular que impulsó esta suspensión fue presentada por la Red Integrada de Prestadores de Servicios de Salud y dos ciudadanos, Jaime Miguel González Montaño y Natalia Largo González, quienes advertían que "la reiterada rotación de agentes interventores y la prolongación de la medida han configurado un perjuicio irremediable que afecta la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud".

El tribunal fue claro en sus conclusiones. En el documento que suspende la medida, señala que "ante la evidencia de que la prolongación de la medida administrativa no ha logrado los objetivos de saneamiento previstos, sino que ha profundizado el riesgo para la colectividad de afiliados, y el goce efectivo del derecho a la salud, resulta imperativo para el Juez Constitucional intervenir mediante el decreto de la medida cautelar solicitada". Además advierte que "el plan de acción no ha mostrado resultados satisfactorios, al punto de no contener una mejoría en la gestión de la administración".

La oposición no tardó en aprovechar la decisión. El representante del Centro Democrático Andrés Forero expresó su crítica: "Los incompetentes que nombraron en la Supersalud no han hecho más que meter las patas y quienes pagan las consecuencias son los pacientes y los contribuyentes".

Aunque el tribunal suspendió la intervención, la medida no cierra el tema de fondo. Simplemente ordena que Procuraduría y Contraloría hagan seguimiento administrativo, financiero y técnico de Coosalud. La decisión busca "evitar la consolidación de un perjuicio irremediable y restaurar la eficacia de los principios de la función administrativa". Por ahora, los afiliados de Coosalud esperan que esta nueva vuelta de tuerca les traiga algo que hasta ahora les ha faltado: servicios de salud con calidad y oportunidad.