Una decisión tajante del Tribunal de Garantías Electorales le bajó la cortina a Guillermo Andrés Echavarría Gil, quien ya había sido designado como rector de la Universidad Popular del Cesar para los próximos años. El Tribunal anuló su inscripción como candidato mediante el Acuerdo 015 del 9 de abril, una resolución que quedó ejecutoriada al instante y sin posibilidad de que el aspirante presentara recursos en su defensa.

La votación en el seno del Tribunal fue apretada: tres votos a favor de la anulación y dos en contra. Pero lo que pesó más fue un asunto de puro trámite. Según explicó el organismo electoral universitario, Echavarría no había comprobado tener el mínimo de cinco años de experiencia académica en instituciones de educación superior, requisito que establece la normativa vigente de la universidad. La revisión documental reveló que solo acumulaba 49 meses, y además estos correspondían a trabajo en educación para el desarrollo humano, lo cual no se ajusta a lo que la norma exige.

Lo que agravó la situación fue cómo se procesó su candidatura desde el principio. El Tribunal recordó que la inscripción de Echavarría había sido rechazada inicialmente por las mismas razones de falta de experiencia. Sin embargo, cuando él interpuso un recurso de reposición pidiendo que reconsideraran, la institución permitió que continuara sin pedirle que presentara nuevos documentos que probaran su cumplimiento del requisito. Esto fue visto por los magistrados como una irregularidad administrativa que atentaba contra los principios de legalidad y transparencia que deben primar en los procesos universitarios.

Como resultado de esta anulación, Echavarría queda fuera del proceso electoral definitivamente. Ahora el Consejo Superior Universitario tendrá que volver sobre sus pasos y revisar el acto mediante el cual lo había designado como rector, abriendo así un nuevo capítulo de incertidumbre sobre quién encabezará la casa de estudios en el próximo período.