Un tribunal de Cundinamarca se propuso hacer lo que parecía impensable: revisar una a una las acusaciones de fraude electoral que ha hecho el presidente Gustavo Petro y decirle que está equivocado. Y eso fue exactamente lo que pasó. La corporación no solo desarmó los argumentos del mandatario, sino que cuestionó si realmente verificó esa información antes de ponerla en redes y en discursos públicos.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que no hubo fraude en las elecciones de 2014, 2022 ni en las más recientes, y que las afirmaciones de Petro simplemente no se sostienen. El presidente ha repetido varias veces que el software de la Registraduría Nacional no es confiable, basándose en el caso del partido MIRA en 2014. Pero el tribunal recordó que en ese proceso nunca se probó fraude alguno. Lo que sí encontró la sentencia de 2018 fueron irregularidades en los datos, pero eso no evidenció un plan fraudulento ni fallas graves del sistema. Como expresó el tribunal, "El señor Presidente de la República no ha satisfecho la carga de veracidad que implica el ejercicio del derecho a la libertad de expresión".

Otro punto que desvirtúa la corporación es cuando Petro ha asegurado que el Consejo de Estado ordenó cambiar el software. El tribunal aclaró que nunca pasó eso. Lo que hizo el Consejo de Estado fue formular una recomendación para fortalecer el sistema, no una orden. La corporación fue clara: "Contrario a lo aseverado reiteradamente por el señor Presidente de la República no puede afirmarse de manera consistente con lo resuelto por el Consejo de Estado que la Organización Electoral y en particular la Registraduría hayan recibido una orden de adquisición de un software. La disposición de la alta corporación fue un llamado o exhorto no una orden compulsiva".

Sobre las elecciones al Senado de 2022, Petro ha insistido en que su coalición fue víctima de fraude, asegurando que el Pacto Histórico perdió cerca de 400 mil votos que le fueron sumados al Partido de La U. El tribunal reconoció que hubo problemas en la transmisión de datos del preconteo, pero dejó claro que el sistema funcionó y permitió corregir esos errores. Eso no es fraude, es un error que fue solucionado.

En cuanto a las elecciones del 8 de marzo de 2026, Petro también habló de fraude. Pero el tribunal se basó en informes de misiones internacionales y observadores electorales que coincidieron en que el proceso fue transparente y confiable. El sistema funcionó bien incluso según observadores externos.

El tribunal también revisó si el presidente hizo denuncias formales sobre esas irregularidades que denuncia. Encontró que aunque menciona comunicaciones a otras entidades, faltan documentos, no hay trazabilidad completa y lo que publicó en redes no coincide con supuestos trámites que habría adelantado. En otras palabras, no está claro si esas alertas realmente se tramitaron como dice.

Más allá de lo técnico, el tribunal le recordó algo importante: el presidente no es un ciudadano cualquiera. Tiene más responsabilidad aún cuando habla de temas tan sensibles como las elecciones. Y teniendo acceso a información oficial, debe asegurarse de que lo que dice sea cierto antes de generar alarma. Pues bien, Petro respondió que no se retractará, considerando que hacerlo sería "arrodillarse". El abogado Ramiro Bejarano, quien presentó la demanda que originó el proceso, sostuvo en diálogo con EL COLOMBIANO que el jefe de Estado actúa como un "emperador" al desconocer decisiones de jueces y magistrados.