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Tribunal de San Andrés anuló decreto que asignó fondos de regalías a Aremca sin cumplir requisitos legales

Fuente: San Andrés Hoy
Tribunal de San Andrés anuló decreto que asignó fondos de regalías a Aremca sin cumplir requisitos legales
Imagen: San Andrés Hoy Ver articulo original

El Tribunal Administrativo de San Andrés declaró nulo el Decreto 0449 de 2022, emitido por el exgobernador Everth Hawkins, que designaba a Aremca como ejecutora de un proyecto vial con presupuesto de más de 69 mil millones de pesos. La razón: Aremca no estaba inscrita en el Registro de Esquemas de Asociación Territorial (REAT), como exige la ley para manejar fondos del Sistema General de Regalías. El tribunal también alertó a organismos de control como la Fiscalía para que investiguen posibles irregularidades en la ejecución de recursos públicos.

Antes de que la Fiscalía tomara medidas contra Aremca en marzo de 2025, San Andrés ya había movido la primera ficha en este tablero judicial. El Tribunal Administrativo de la isla se pronunció de manera detallada y dejó sin efecto legal el Decreto 0449, expedido el 5 de agosto de 2022 por el gobernador de entonces, Everth Hawkins Sjogreen. La decisión fue contundente: la Corte rechazó todos los argumentos que Aremca presentó para defender el decreto y declaró que sus efectos se anulan desde el momento mismo en que fue emitido.

El nudo del asunto estaba en un requisito muy simple pero fundamental: Aremca no cumplía con estar inscrita en el Registro de Esquemas de Asociación Territorial (REAT), documento obligatorio para cualquier organización que maneje fondos del Sistema General de Regalías. El Tribunal lo vio claro. Sin esa inscripción, la designación de Aremca como ejecutora del proyecto no era legalmente válida. El proyecto en cuestión era ambicioso: mejoramiento y remodelación de la Carrera Trece, Avenida Cuartel Lomas y Avenida Colón en San Andrés, con un presupuesto total de 69 mil 481 millones de pesos aproximadamente.

Pero la sentencia va más allá de solo anular un decreto. El Tribunal pidió explícitamente a organismos de control como la Fiscalía, la Inspectoría General y la Procuraduría que investiguen a fondo si hubo violación de normas en la ejecución de estos fondos públicos. En sus términos exactos, la Corte solicita a "la Fiscalía del Estado que, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, realice la debida supervisión y adopte las acciones necesarias, si se determina el incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta decisión".

Lo interesante es que esta decisión del tribunal llegó antes de que los organismos de control avanzaran con investigaciones penales. El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina prácticamente abrió la puerta para que esas investigaciones fueran más profundas. Ahora el Tribunal también llamó a la Procuraduría a supervisar que se cumpla efectivamente lo que la sentencia ordena.

Fuente original: San Andrés Hoy

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