El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha acogió una acción de tutela presentada por Danny Rafaela Perpiñán Martínez en contra del Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Juan del Cesar, argumentando que se había vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. La demanda cuestionaba una orden judicial que había abierto las puertas para que un candidato participara en unos comicios que ya se acercaban.

Como resultado de esta decisión, el tribunal anuló una medida anterior que autorizaba a Micher Pérez Fuentes a participar en las elecciones atípicas programadas para el domingo 3 de mayo en Fonseca. Esta decisión no fue menor: dejó sin efecto completamente lo que había ordenado el juzgado de primera instancia.

Pero el asunto fue más allá de solo tumbar una orden. El tribunal también decidió canalizar denuncias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira para que investigue a la jueza Adriana López López. Los magistrados estimaron que ella había incurrido en una actuación que podría considerarse irregular al tomar una decisión sin tener la competencia funcional para hacerlo y, aparentemente, sin respetar los principios básicos del debido proceso.

La corporación judicial fue contundente al señalar que esta actuación de la jueza podría comprometer la legalidad de lo que decidió y podría inclusive configurar un ejercicio arbitrario de la función judicial, con repercusiones directas en la transparencia del proceso electoral.

La magistrada Leydi Arévalo, en su intervención, fue clara: permitir que un candidato cuya inscripción fue revocada participara en las elecciones representaba un riesgo inminente para el orden constitucional. Su argumento fue que esto afectaría directamente principios fundamentales como la igualdad, la legalidad y la transparencia electoral que deben caracterizar cualquier proceso electoral en el país.