Un tribunal colombiano está a punto de decidir si puede ordenarle al presidente Gustavo Petro que deje de cuestionar la integridad del sistema electoral cuando no cuenta con pruebas que respalden sus afirmaciones. El abogado Ramiro Bejarano interpuso la demanda buscando proteger lo que considera derechos colectivos de los colombianos: la confianza en las instituciones y la transparencia del proceso electoral.

El Tribunal de Cundinamarca admitió la demanda en octubre de 2025 y ya tiene programada una audiencia pública para este viernes 13 de febrero a las ocho de la mañana. En esa sesión, los jueces escucharán los argumentos del presidente, del Consejo Nacional Electoral, de la Procuraduría y del Departamento Administrativo de la Presidencia. La Procuraduría, por su lado, ya pidió apoyo a las pretensiones de esta medida.

Bejarano argumenta que el discurso del presidente sobre posibles fraudes electorales, aunque ha sido desmentido por entes de control y por observadores internacionales como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, afecta "los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral, así como la confianza legítima en las instituciones democráticas". El presidente ha intensificado estas narrativas incluso después de los comicios legislativos del domingo pasado, cuando su coalición política obtuvo 25 curules al Senado.

Lo que llama la atención es que diferentes jefes de los entes electorales y de control reconocieron que la jornada fue correctamente realizada, pero Petro ha continuado insistiendo en sus cuestionamientos sobre manipulación del software, irregularidades en el diligenciamiento y otras irregularidades. Todo esto, señala Bejarano, ocurre sin que "exista información fehaciente de tales situaciones, debidamente soportada y corroborada por las autoridades judiciales, los órganos de control o las entidades que conforman la organización electoral".

El Tribunal consideró que la urgencia de esta medida se justifica porque hay otras etapas electorales programadas para 2026. Si los jueces la aprueban, podrían ordenar la "cesación inmediata" de las actividades que amenacen o continúen causando daño al servicio público administrativo de la función electoral en Colombia. Esto, en esencia, significaría que Petro tendría que dejar de hacer estas afirmaciones de fraude sin evidencia que las respalde.