Nueve días después de que un juez ordenara a Abelardo de la Espriella retirar publicidad que incluyera la bandera de Colombia, símbolos patrios y el saludo militar, el Tribunal Superior de Bogotá cerró la puerta a esa medida. En un fallo de veinticuatro páginas, los magistrados negaron la tutela que originó una disputa jurídica que marcó la recta final hacia la segunda vuelta presidencial.

El tribunal fue claro en su decisión: "No se encuentra acreditada una vulneración actual de derechos constitucionales fundamentales atribuible al ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero o al grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria que justifique la adopción de órdenes de amparo por esta vía excepcional". Con esto, acumuló dos tutelas que estaban en estudio y las rechazó de una sola vez.

Lo que pasó antes fue un verdadero caos judicial. El magistrado Rafael Albeiro Chavarro Poveda, de la Sala Laboral, tomó una medida cautelar el 9 de junio prohibiendo a De la Espriella usar la bandera, el saludo militar, símbolos patrios y su eslogan "Firmes por la patria". Era una orden provisional mientras estudiaba una demanda inicial, pero generó revuelo en política y en los juzgados. Tanto que la Corte Suprema de Justicia recibió unas veinte tutelas contra esa decisión.

El problema fue que la prohibición resultó demasiado amplia. Como explicó la Corte Suprema en sus fallos posteriores, el magistrado Chavarro no especificó cuáles imágenes concretas violaban las normas electorales. Ordenó retirar toda la publicidad que pudiera encuadrar en categorías muy generales, lo cual dejó en la incertidumbre a la campaña sobre qué sí y qué no podía usar. En la práctica, pedía desmontar toda la identidad de campaña de De la Espriella, quien ha construido su mensaje sobre el nacionalismo y el patriotismo, incluso usando la camiseta de la Selección Colombia.

Incluso llegó a afectar el nombre del grupo de ciudadanos que ya había sido aprobado por las autoridades electorales y que aparecía en el tarjetón. La Corte Suprema consideró que esto era "una afectación de alta intensidad sobre los derechos políticos y electorales". Por eso frenó esa prohibición en dos ocasiones distintas, ambas antes de que el Tribunal Superior tomara la palabra.

Ahora, el Consejo Nacional Electoral debe continuar su proceso administrativo sancionatorio que investiga si De la Espriella violó las reglas electorales. El tribunal político no tomará posición antes del 21 de junio. Mientras tanto, una investigación disciplinaria está en marcha contra el magistrado Chavarro. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió el proceso el 16 de junio para determinar si su prohibición fue "presuntamente contraria al ordenamiento jurídico, arbitraria o adoptada con extralimitación de funciones".