El Tribunal Superior de Bogotá cerró una primera puerta judicial al rechazar una acción de tutela que buscaba impedir que Abelardo De la Espriella accediera a la presidencia por su condición de ciudadano estadounidense. La demanda, presentada contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional, argumentaba que el juramento de lealtad que De la Espriella hizo al obtener la nacionalidad norteamericana lo inhabilitaba constitucionalmente para el cargo.

Con esta decisión, el tribunal reafirmó que el proceso electoral se ajusta a lo establecido en la Constitución Política de 1991. El debate, que ha generado tensión en ciertos sectores políticos, se reducía a un asunto técnico pero crucial: si la doble nacionalidad violaba las normas para ejercer como presidente.

Los expertos en derecho constitucional han distinguido dos cosas importantes en este caso. Primero, la inhabilidad: la Constitución prohíbe la doble nacionalidad para ciertos cargos, pero hace una excepción explícita precisamente para los colombianos de nacimiento. Como De la Espriella nació en Bogotá, esta excepción lo protege legalmente. Segundo, la incompatibilidad: acá entra el debate más complicado. Los demandantes argumentaban que algún día podría haber un conflicto de intereses si De la Espriella debe tomar decisiones que afecten simultáneamente a Estados Unidos y Colombia, dado su juramento de lealtad hacia Washington.

Antes de este fallo, un grupo de exmagistrados y académicos cuestionó públicamente la posesión del presidente electo. El senador Iván Cepeda incluso pidió que renunciara a su nacionalidad estadounidense, e incluso mencionó posibles escenarios de desobediencia civil. Pero el equipo jurídico de De la Espriella se mostró conforme con la decisión del tribunal, ratificando que todo el proceso electoral ha sido legal.

La sentencia no cierra completamente el tema: permite que siga habiendo debate político sobre lo conveniente o no de que un presidente tenga dos nacionalidades, pero jurídicamente le allanó el camino.