Un tribunal en Antioquia tomó cartas en el asunto y le puso plazos al Gobierno nacional. El Tribunal Administrativo del departamento ordenó la elaboración e implementación de un plan de intervención urgente en Briceño, un municipio del norte que vive una situación de seguridad crítica por la presencia de estructuras armadas ilegales que disputan control territorial y manejan economías ilícitas.

La orden llegó después de una acción popular respaldada por la Gobernación de Antioquia, que ha estado alertando sobre el deterioro del orden público en la zona. La decisión judicial es clara: la Presidencia de la República, junto con los ministerios de Defensa e Interior, tienen 30 días máximos para diseñar e implementar ese plan que proteja a los habitantes del municipio.

Pero el tribunal fue más allá. Además de la orden principal, también requirió la conformación de un Consejo de Seguridad extraordinario que será liderado desde la Presidencia y que tendrá que coordinar acciones y estructurar una política integral de intervención. En paralelo, le solicitó a la Presidencia que en 10 días hábiles presente información sobre cuántos efectivos se necesitan para atender la situación de seguridad en Briceño, además de los reportes de desplazamiento que hayan registrado las autoridades competentes.

El fallo es contundente al señalar que en el municipio están comprometidos derechos colectivos fundamentales como la paz, la seguridad pública, el acceso al espacio público y la protección de los bienes públicos. Todo por cuenta de las disputas de grupos armados ilegales en la zona.

El gobernador Andrés Julián Rendón celebró la decisión del tribunal. "El tribunal reconoce lo que hemos denunciado: los habitantes de Briceño enfrentan un riesgo inminente y constante por la presencia de estructuras armadas ilegales, las disputas por el control territorial y las economías ilícitas", expresó el mandatario a través de su cuenta en X. Según la Gobernación, en los últimos meses el municipio ha experimentado una creciente presión de estos grupos, generando preocupación por la seguridad y posibles desplazamientos de población.

Con esta decisión judicial, lo que busca es que la respuesta institucional sea más rápida y efectiva, obligando al Gobierno a trabajar de forma coordinada entre las autoridades nacionales y locales para frenar la crisis que vive Briceño.