Un tribunal administrativo del Meta acaba de tomar cartas en el asunto en lo que podría ser uno de los mayores casos de fraude electoral en las curules de paz del país. La corte falló a favor de la Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda la Y, que denunciaba un aparente trasteo masivo de votantes en el Guaviare, y le dio 48 horas al Consejo Nacional Electoral para que se pronuncie sobre las irregularidades detectadas en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 7.

Los números hablan por sí solos. En Agua Bonita, municipio de San José, el censo electoral creció de 170 personas inscritas en 2022 a 2.789 en 2026. En Tierra Alta, El Retorno, saltó de 268 a 743 votantes. Son incrementos que bordean el 1.540% en algunos casos, cifras que cualquier autoridad electoral debería encontrar sospechosas. La denuncia apunta a que funcionarios de la Gobernación del Guaviare, la empresa de energía Energuaviare y las alcaldías locales habrían coordinado un operativo para trasladar gente de las ciudades hacia puestos de votación rurales con el fin de favorecer a un candidato específico.

Lo grave aquí va más allá del simple fraude electoral. Las curules de paz fueron creadas constitucionalmentepara que las víctimas del conflicto armado tuvieran representación propia en el Congreso, un derecho ganado después de décadas de sufrimiento. Si esta operación se confirma, no solo se estaría cometiendo un delito, sino revictimizando a quienes finalmente accedieron a un espacio que era exclusivamente suyo. "Hacían las largas filas en los puestos cercanos de votación rurales de manera descarada para inscribir la cédula (...) y así favorecer a un candidato", relata uno de los apartes de la denuncia que ahora es base de este fallo judicial.

El magistrado ponente, Carlos Enrique Ardila, fue claro: el CNE tiene máximo dos días para decidir sobre el procedimiento administrativo que se abrió desde octubre de 2025. El tribunal también advirtió que la proximidad de las elecciones del 8 de marzo no puede ser excusa para la inacción. La Registraduría Nacional deberá ejecutar lo que decida el CNE y publicar los cambios de forma transparente para que los ciudadanos sepan quiénes serán dados de baja del censo. La Procuraduría fue designada como verificadora oficial para vigilar que se cumpla esta depuración.

Los puntos críticos identificados incluyen las sedes Santo Domingo y Rafael Pombo de la Institución Educativa Agua Bonita, la I.E. Puerto Arturo, y sectores como San Isidro Uno y Cerritos. Son los lugares donde la justicia considera que pudo ocurrir el fraude.

En San José del Guaviare y El Retorno, contra reloj y contra la sospecha, están intentando limpiar unas elecciones que apenas en horas abren las mesas. Si el fallo no es impugnado, el caso viajará directamente a la Corte Constitucional para revisión. Lo que está en juego no es solo la legitimidad de una curul, sino la confianza en que las víctimas del conflicto, después de tanto esperar, finalmente tendrán una voz propia en el Congreso.